Ecopetrol entregó hoy a la Procuraduría General de la Nación la información solicitada sobre el contrato con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, tras recibir una visita oficial de delegados que actuaron con funciones de Policía Judicial. La petrolera estatal informó que durante la diligencia habría entregado “de forma oportuna y completa” la documentación requerida, incluyendo los procesos de gestión contractual y digital asociados al polémico contrato que investiga el impacto reputacional de las acusaciones contra su presidente, Ricardo Roa.
Ecopetrol también puso en conocimiento de los delegados los avances de su investigación interna, donde “se identificaron patrones de comportamientos anómalos en los sistemas corporativos, asociados a la posible filtración de información confidencial, reservada y privilegiada”, según la compañía. También notificó los hallazgos a la Fiscalía. La indagación respecto del escándalo del contrato se centra en el contrato de casi 6 millones de dólares firmado con Covington & Burling para medir el impacto en la Bolsa de Nueva York de las acusaciones contra Roa. El acuerdo incluyó la captura de información corporativa de al menos 70 funcionarios de Ecopetrol. La Junta Directiva de la empresa ha negado haber autorizado el otrosí (documento que agrega o modifica condiciones a un contrato principal...) que habría aumentado el contrato de 875 mil dólares a 5,8 millones.
El caso ha puesto en cuestionamiento la gobernanza de la empresa más grande del país, y ha llevado a cambios en la alta gerencia, incluida la salida de Alberto José Vergara, quien firmó el polémico otrosí. En reemplazo llega Rodolfo Mario García, quien hasta ahora se desempeñaba como gerente jurídico de Hidrocarburos en Ecopetrol. Vergara ha defendido el otrosí, al decir que todo se habría realizado según lo dispuesto por la Junta Directiva y bajo las normas de Ecopetrol. “No se hizo nada a las espaldas, a escondidas, ni de manera subrepticia (...) quiero ratificar de manera enfática daré las explicaciones en las instancias judiciales administrativas, sea a nivel nacional o internacional”, dijo entonces a medios. Las investigaciones múltiples de la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría podrían determinar responsabilidades penales y disciplinarias en el manejo de recursos públicos. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía
