El ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, tiene listo un proyecto de ley que pretendería instalar una Asamblea Nacional Constituyente. Según Montealegre, las reformas que requeriría el país no podrían realizarse mediante un acto legislativo o referendo, porque implicarían sustituir la actual Constitución debido a 'modificaciones profundas' al sistema. La propuesta ha sido impulsada directamente por el Presidente Gustavo Petro, quien convocó manifestaciones en Bogotá para iniciar la recolección de firmas que respalden la iniciativa. El proyecto, que sería presentado al Congreso en los próximos días, plantearía que la Asamblea esté compuesta por 71 delegatarios: 44 elegidos por listas nacionales con paridad de género (mitad hombres mitad mujeres), y otros 27 representantes de distintos grupos como pueblos afrodescendientes, indígenas, campesinos, víctimas, sindicalistas, jóvenes, personas del pueblo Rrom, raizales y palenqueros, colombianos en el exterior, madres cabeza de familia y miembros de la comunidad LGBTIQ+. La ley buscaría que los ciudadanos respondan dos preguntas en las urnas: la primera sobre la convocatoria de la Constituyente y la segunda sobre los límites y alcances de su labor.
El proyecto impondría límites claros: la Asamblea no podría revocar (disolver) al Congreso, debería respetar los compromisos internacionales sobre derechos humanos, las normas del Ius Cogens (principios fundamentales del derecho internacional que ningún Estado podría ignorar o violar), y tendría prohibido generar 'retrocesos' en derechos fundamentales, incluyendo el respeto al principio de no regresividad en derechos sociales. Además, facultaría al presidente Petro durante seis meses para definir los requisitos de los delegatarios y las normas de los mecanismos internos para la presentación de listas de candidatos. Petro precisó que la convocatoria sería de 'iniciativa popular' y estaría bajo la orientación de un comité ciudadano. Además, que el borrador elaborado por el ministro Montealegre sería corregido por organizaciones sociales que integren este comité, encargado de recoger las firmas necesarias para presentarlo al Congreso. Petro enfatizó que cualquier ciudadano, incluido el ministro de Justicia, podría hacer propuestas, pero que estarían subordinadas a la decisión final del comité ciudadano. También, que la Constituyente no pretendería 'refundar' el Estado, sino 'desarrollar' el Estado Social de Derecho establecido en 1991, cuya plena aplicación habría sido 'limitada' por una “casta” dentro del poder público. Según el mandatario, la convocatoria permitiría que el pueblo se exprese como constituyente y 'haga realidad' los principios de la Constitución vigente, 'fortaleciendo la democracia deliberativa y la participación ciudadana'. Montealegre también refirió que la Constituyente abordaría reformas en derechos sociales, 'autonomía territorial indígena, cambio climático, protección del campesinado y producción de alimentos'. Asimismo, que de aprobarse en el Congreso el proyecto, se plantearían cambios en entidades como la Contraloría y la Procuraduría, ajustes a partidos políticos, la justicia y la política monetaria, para 'superar la crisis' de representatividad y 'mejorar' el funcionamiento del sistema democrático.
Sin embargo, la propuesta enfrentaría un panorama complejo en el Congreso. Los partidos Conservador, Cambio Radical y La U ya anunciaron que no apoyarían la Constituyente, argumentando que la iniciativa profundizaría la incertidumbre política y respondería a 'intereses particulares' y 'cálculos electorales' más que a un 'genuino proceso de transformación democrática'. Desde el Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia dijo que promovería un debate de moción de censura contra Montealegre. El Gobierno Nacional, por su parte, sostiene que el proyecto buscaría superar un “bloqueo institucional” que habría impedido reformas estructurales y un 'fortalecimiento de la paz y los derechos sociales' en Colombia. Este viernes, 24 de octubre de 2025, se reportó la renuncia de Montealegre, quien atribuyó su salida a las recientes decisiones en el caso del expresidente Álvaro Uribe (su absolución en segunda instancia), aunque fuentes aseguran que el presidente Petro se habría pedido su dimisión. En la carta de renuncia Montealegre afirma que necesitaría 'libertad' para seguir como contraparte de Uribe y advirtió sobre supuestos “traidores” en la Presidencia; en lo operativo quedó como encargado el secretario jurídico Augusto Ocampo, mientras que su reemplazo en propiedad podría ser este último o la superintendente Cielo Rusinque. La salida se produce también en medio de sus choques públicos con el procurador Gregorio Eljach (antes de reportarse su salida, pidió a la Fiscalía la detención domiciliaria del procurador, argumentando que representaría 'un peligro para la sociedad' por su capacidad de 'obstruir la justicia', reportó La FM), una investigación por posible participación en política y un enfrentamiento por chat con el ministro del Interior, Armando Benedetti. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Espectador • W Radio • Revista Cambio • Revista Semana • La Silla Vacía • La FM
