Una situación silenciosa habría puesto en riesgo la salud pública en Ibagué: 21 cuerpos no reclamados habrían permanecido hacinados en las bóvedas de Medicina Legal por falta de espacio en el cementerio municipal. La saturación del cuarto frío, destinado al almacenamiento de cadáveres no identificados o abandonados, habría generado una alerta de autoridades y llevado a una intervención inmediata del Ministerio Público. La Procuraduría General de la Nación lanzó un requerimiento preventivo a la Alcaldía de Ibagué al detectar un 'riesgo sanitario' que representaría la acumulación de cuerpos. El órgano de control advirtió que la capacidad de las instalaciones estaría 'completamente desbordada', lo que habría puesto en peligro la salubridad pública y el cumplimiento de los protocolos sanitarios en la ciudad.
En respuesta a esta advertencia, la administración local activó un comité de gestión del riesgo y procedió al arrendamiento de nuevas tumbas en el cementerio local. Con esta medida se habría podido trasladar los 21 cuerpos que permanecían en Medicina Legal, evitando una posible emergencia sanitaria que ya abría comenzado a generar preocupación entre autoridades de salud. La situación habría escalado desde hacía varias semanas sin una solución definitiva, lo que habría evidenciado una necesidad de fortalecer la planeación y gestión de los servicios funerarios estatales. La falta de bóvedas para la inhumación de cuerpos no reclamados se habría convertido en un problema estructural que requeriría atención sostenida por parte de la administración local.
Desde la Procuraduría se refirió una importancia de actuar 'con rapidez' frente a hechos 'que puedan poner en riesgo' la salud pública, pero también se habría insistido en una necesidad de prevenir 'y no solo reaccionar' ante las crisis. El ente de control mencionó que la coordinación institucional entre la alcaldía, Medicina Legal y las autoridades sanitarias sería fundamental para garantizar una 'gestión adecuada' de estos casos. Finalmente, la Procuraduría anunció que continuaría con una vigilancia sobre el cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con la disposición final de cuerpos. También, que con esto se pretendería asegurar un 'respeto por la dignidad humana' y la protección de la salud de la ciudadanía.
Vía: Agencia API • Don Tamalio
