La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió la Opinión Consultiva OC-32/25, solicitada por Chile y Colombia, en la que reconoció por primera vez el derecho humano a un 'clima sano', como parte del derecho a un 'ambiente sano'. Este proceso habría contado con participación histórica: más de 600 actores habrían presentado observaciones y se habría escuchado a más de 180 delegaciones. La Corte declaró además que la crisis climática actual representaría una emergencia sin precedentes que amenazaría los derechos humanos, especialmente los de poblaciones vulnerables.
El pronunciamiento establece que los Estados tendrían 'obligaciones específicas, inmediatas y progresivas' para proteger el clima, lo que incluiría prevenir daños irreversibles, reducir emisiones, y proteger ecosistemas. También, que deberían garantizar derechos fundamentales como la vida, salud, agua, alimentación, vivienda, trabajo y educación. Además, se exigió que adopten metas climáticas 'ambiciosas y vinculantes', acordes con 'sus responsabilidades históricas' y capacidades actuales. También, otro avance importante habría sido el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos, lo que llevaría a los Estados a tomar medidas para su restauración y conservación, 'integrando tanto la ciencia como los saberes tradicionales'. También se estableció que causar 'daños graves' al clima sería una obligación de jus cogens, es decir, de cumplimiento obligatorio en el derecho internacional, y que los Estados deberían supervisar a las empresas en el cumplimiento de compromisos ambientales.
La Corte también estableció que los Estados deberían crear estrategias de mitigación con enfoque en derechos humanos, en lo que pretendería garantizar la participación ciudadana y el acceso a la información. Además, que deberían proteger a los defensores ambientales, prevenir su criminalización, y adoptar medidas diferenciadas para grupos vulnerables como pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas mayores, mujeres, niños y personas LGBTIQ+. Aunque esta opinión no es jurídicamente vinculante, se habría establecido como una guía interpretativa con 'gran peso' para decisiones judiciales futuras.
Vía: La Silla Vacía
