Entre el 1 y el 4 de julio, en el municipio de Calamar, en Guaviare, se reportó una serie de hechos violentos que han sido ligados a las disidencias Farc. Inició con el hallazgo de una fosa común que contenía los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos provenientes de Arauca, desaparecidos por más de 80 días. Según la Fiscalía, estas personas no tendrían vínculos con grupos armados y habrían sido ejecutadas tras ser obligadas a cavar su propia tumba, luego de que el grupo armado ilegal liderado por alias Iván Mordisco los señalara de pertenecer al ELN. Fotografías halladas en el celular de un disidente capturado habrían sido clave para hallar la fosa. Tras esto, el municipio decretó duelo hasta el 3 de julio y se organizó una concentración comunitaria en el parque principal en rechazo. El alcalde de Calamar denunció 'abandono del Estado', solicitó acciones concretas al Gobierno Nacional y exigió a grupos armados 'respetar la vida'. En medio de todo, la comunidad exigió garantías de seguridad para la población.
El 3 de julio, en simultanea con un acto simbólico por la paz realizado por habitantes del municipio, un dron con una granada fue detonado en el Batallón de Infantería de Selva N.º 24 del Ejército Nacional. Aunque no se reportaron víctimas, el hecho generó alarma en la población. Al día siguiente, el 4 de julio, se registró un segundo atentado con una motobomba que explotó cerca de un establecimiento comercial, hiriendo a seis soldados y dos civiles, según un reporte de las autoridades. El Ejército Nacional, por medio del general Freddy Gómez, responsabilizó a la estructura Armando Ríos de las disidencias Farc, dirigida por alias Corea, por los atentados recientes. Esta facción habría escalado sus acciones tras la muerte de antiguos cabecillas, y estaría enfrentándose contra estructuras como la de alias Calarcá por el control de corredores estratégicos del narco. Calamar sería punto clave por su conexión con ríos como el Inírida y el San José.
Y ayer sábado, 5 de julio, se reportó un nuevo incidente, esta vez en San José del Guaviare, donde el periodista Gustavo Chica y su esposa habrían sido atacados a bala cerca de su residencia. Ambos resultaron heridos y fueron hospitalizados, aunque se encontrarían estables. Chica, director de Guaviare Estéreo y colaborador de Caracol Radio, habría sido amenazado por disidencias Farc y por el grupo Renacer ERPAC. La Defensoría del Pueblo denunció el atentado como 'una agresión contra la libertad de prensa y la democracia'. La Alcaldía de San José del Guaviare, Caracol Radio y Prisa Media también condenaron el hecho y exigieron 'investigación rigurosa'. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos por información sobre los responsables. La Defensoría del Pueblo reiteró un llamado a respetar el derecho internacional humanitario y 'abstenerse de seguir atentando contra la vida de los periodistas y civiles' en zonas de alta conflictividad como Guaviare. El conflicto armado en el país persiste.
Vía: El Colombiano • Revista Semana • Q'hubo Medellín • El Tiempo • Caracol Radio
