La Cancillería formalizó un convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional para asumir la producción, personalización y distribución de pasaportes bajo un nuevo modelo que entraría en vigencia a partir de septiembre, una vez expire el contrato actual con la firma Thomas Greg, que ha estado a cargo del proceso por 17 años. El acuerdo, publicado en la plataforma Secop, pretendería “aunar esfuerzos administrativos y técnicos” en el suministro de libretas de pasaporte y etiquetas de visa colombiana, con vigencia hasta diciembre de 2037. A pesar de los anuncios previos del Gobierno Nacional, el documento no menciona la participación de Portugal como 'aliado estratégico'. Este cambio se da en medio de tensiones internas y cuestionamientos por la capacidad de la Imprenta Nacional para asumir esta tarea. Desde 2023, el gobierno ha intentado desligarse de Thomas Greg, en un proceso que incluyó la declaratoria desierta de una licitación por parte del entonces canciller Álvaro Leyva, decisión que llevó a su destitución por diez años. A pesar de que la Imprenta Nacional ha certificado su capacidad técnica y operativa, la incertidumbre ha persistido sobre la transferencia tecnológica y la viabilidad del proyecto, por lo que la Cancillería había anunciado un posible contrato con la Casa de la Moneda de Portugal.
El convenio actual estipula que la Imprenta Nacional sería la responsable de todo el proceso operativo, desde la producción hasta la entrega final de los pasaportes y visas, con posibilidad de asociarse con terceros si es necesario. No obstante, también aclara que en esta etapa inicial no contaría con recursos asignados y que se requeriría de apropiaciones fiscales anuales para garantizar su ejecución. Además, aunque el modelo se aplicaría en Bogotá y otras ciudades donde lo requiera el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, no se especifica si tendrá impacto también en sedes consulares en el exterior. En un reporte reciente, Caracol Radio mencionó que el Gobierno Nacional habría decidido extender el contrato con Thomas Greg & Sons hasta el 31 de marzo de 2026, y que tendría por fin evitar el desabastecimiento de pasaportes durante la transición hacia el nuevo modelo de emisión. Según el medio citado, entre el 1 de septiembre de 2025 y el 1 de abril de 2026 regiría una nueva declaración de urgencia manifiesta que permitiría a esta compañía continuar suministrando las libretas. Esta extensión incluiría una adición presupuestal al contrato vigente, lo que garantizaría la disponibilidad de documentos mientras se implementa el esquema definitivo liderado por la Cancillería en alianza con Portugal y la Imprenta Nacional.
La transición hacia este nuevo modelo ha generado tensiones dentro de la Cancillería. Según Blu Radio, recientemente renunciaron la secretaria jurídica y el secretario general, quienes debían firmar decisiones consideradas clave junto al actual encargado, Alfredo Saade. La salida de Laura Sarabia también se relaciona con roces derivados de este proceso, ya que fue desautorizada por Saade, quien posteriormente confirmó la intención del gobierno de firmar con Portugal. La licitación original favorecería de manera considerable a Thomas Greg, según reportes de La Silla Vacía, lo que también habría sido parte del debate. Sobre esto se dijo que tendría 'ventaja' sobre otros competidores, al decirse que las exigencias técnicas estarían alineadas con la infraestructura y diseño que ya posee, y criterios de evaluación que solo esta empresa podría cumplir en totalidad. Mientras tanto, el gobierno insiste en avanzar hacia un 'modelo soberano' con la Imprenta Nacional como ejecutora principal, en medio de críticas e investigaciones en curso. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Infobae • La Silla Vacía • Blu Radio • Caracol Radio
