La Contraloría General presentó su más reciente informe financiero sobre la situación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con corte al 31 de diciembre de 2024. El informe reportó una “profunda crisis estructural” en las EPS intervenidas por el gobierno, que acumularían una deuda de $32,9 billones. Actualmente, 9 EPS están bajo intervención estatal, entre ellas la Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS y Coosalud. Estas entidades atienden al 59,2% de los afiliados al sistema de salud (cerca de 29,5 millones de personas). A propósito de Sanitas, la Corte Constitucional revocó en los últimos días su intervención a EPS Sanitas, administración que volvería al Grupo Keralty. La Superintendencia de Salud aún no habría recibido fallo completo y esperaría su publicación para tomar decisiones. Medios han reportado posibilidades de que el gobierno pudiera intervenir de nuevo por supuestos incumplimientos financieros. Keralty ha indicado que la intervención habría dejado a Sanitas 'en crisis' y que tomaría acciones legales.
De las 29 EPS activas en el país, solo seis cumplirían con los tres requisitos financieros que garantizan su estabilidad: capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas. Sin embargo, estas apenas cubrirían al 10,9% de los afiliados, mientras que el 89% restante permanecería en manos de EPS financieramente vulnerables. Según la Contraloría, 15 EPS no cumplirían con el capital mínimo, 14 presentarían deficiencias en el patrimonio adecuado y 22 no invertirían 'adecuadamente' sus reservas técnicas. Además, 16 EPS presentarían problemas de liquidez, lo que limitaría su capacidad de responder a sus obligaciones inmediatas y generaría retrasos en pagos a proveedores, hospitales y operadores farmacéuticos. Ahora, las EPS intervenidas no habrían mejorado en solvencia ni en sus indicadores financieros. Las entidades más grandes del país, como la Nueva EPS, Sanitas y Coosalud, seguirían con deudas altas, incremento de quejas y déficit en su patrimonio.
Uno de los datos más relevantes sería la deuda acumulada con proveedores farmacéuticos, que ascendería a $2,8 billones, pese a que en 2024 el sistema habría pagado alrededor del 90% de la facturación total: $13,3 billones de un total de $14,7 billones. La situación impactaría en la entrega de medicamentos, convirtiéndose en la principal causa de peticiones, quejas y reclamos (PQR...) por parte de los usuarios. Durante 2024, el número de PQR habría aumentado un 23,2%, pasando de 1,3 millones en 2023 a más de 1,6 millones. Las principales inconformidades seguirían siendo el acceso a servicios y tecnologías en salud. Según el contralor Carlos Hernán Rodríguez, este no sería un problema solo de cifras, “se trata de camas, tratamientos, diagnósticos y vidas que están en riesgo, si no se toman decisiones estructurales y urgentes”. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • Caracol Radio
