Las protestas y ataques contra la Andi, acusando a la asociación de empresarios de presuntamente ser "red comercial de Israel"

El Alertado
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Unas manifestaciones esta semana contra la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) han generado controversia y un amplio debate político y social en el país. El 1 de octubre se registraron plantones en Bogotá y Medellín promovidos por activistas pro Palestina, quienes acusan al gremio de presuntamente mantener vínculos comerciales con Israel. En medio de las protestas, en Medellín se reportó que encapuchados habrían intentado ingresar 'de manera violenta' a la sede de la organización. Gremios y líderes políticos dijeron rechazar el acto. Un día después, el 2 de octubre (ayer), el Presidente Gustavo Petro intervino en Zipaquirá durante la colocación de la primera piedra de la Facultad de Inteligencia Artificial. En ese escenario defendió la postura del Gobierno Nacional frente al conflicto en Gaza y criticó al presidente de la Andi, Bruce Mac Master. Petro acusó al gremio de “poner la ganancia por encima del ser humano” y justificó, en parte, las manifestaciones contra la organización. El mandatario vinculó su discurso con el caso de las dos colombianas detenidas en Israel, Manuela Bedoya y Luna Barreto, tras la interceptación de la flotilla Global Sumud. Señaló que los actos de solidaridad, como el viaje de estas mujeres para llevar alimentos a Gaza, contrastaría con lo que él considera una visión empresarial 'centrada en la codicia'. A propósito, la Cancillería confirmó que las colombianas firmaron un documento para acogerse a un procedimiento de deportación expedita, que se cumpliría en las próximas 72 horas. Durante una atención consular, las jóvenes denunciaron 'falta de alimentación por 48 horas, restricciones en el acceso a agua potable' y procedimientos.

Ante los hechos, un grupo de exministros, políticos y empresarios envió un derecho de petición al Ministerio de Defensa solicitando 'medidas inmediatas' para 'proteger' a la Andi. El documento pide acciones de patrullaje, acompañamiento y prevención de ataques contra sus empleados, directivos e instalaciones. María Claudia Lacouture, Mauricio Cárdenas y Marta Lucía Ramírez, entre otros firmantes, señalaron que garantizar la seguridad del gremio no sería un 'interés particular', sino una 'necesidad para la inversión, el empleo y la estabilidad económica'. Fenalco Antioquia (Federación Nacional de Comerciantes de Colombia) manifestó 'solidaridad' con la Andi y dijo 'lamentar' que sus funcionarios no pudieran desarrollar 'con normalidad' sus labores. Intergremial Antioquia, que agrupa 35 gremios, dijo también condenar los ataques y pidió rechazar a quienes 'promueven la destrucción' de la institucionalidad, la 'libertad de empresa' y la generación de empleo. Para Nicolás Posada, presidente de la entidad, cualquier manifestación que vulnere derechos fundamentales 'debe ser atendida con urgencia por las autoridades'.

Recientemente se reportó que la Procuraduría General anunció una investigación contra Juan Camilo Villalobos, contratista del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), señalado como uno de los convocantes de las protestas contra la Andi en Bogotá que, aunque habrían iniciado de manera pacífica, habrían terminado en disturbios, daños al CAI de la Policía en la avenida Chile, afectaciones a comercios y suspensión de TransMilenio. El concejal Daniel Briceño (Centro Democrático) dijo que Villalobos, vinculado a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y con un contrato vigente hasta diciembre, supuestamente habría usado su rol para promover 'activismo proPalestina', por lo que pidió claridad sobre el posible nexo entre la Presidencia y la organización de las marchas. Ante ello, la Procuraduría desplegó un equipo especial en el Dapre que pretendería esclarecer si hubo responsabilidad disciplinaria y hasta qué punto el funcionario participó en la convocatoria. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, responsabilizó al presidente Petro por la falta de pronunciamiento frente a la violencia registrada, que el Distrito habría realizado más de 120 intervenciones para controlar manifestaciones, y que los convocantes deberían rechazar 'expresamente' los actos de violencia 'para no ser cómplices de ellos'. El reporte está en desarrollo.

Vía: W Radio • La FM • Infobae • El Espectador • RTVC • Revista Semana • Noticias RCN

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