Las autoridades informaron que investigan un presunto plan para atentar contra la precandidata presidencial Paloma Valencia, la representante a la Cámara Catherine Juvinao (Alianza Verde) y el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez. Debido a esta situación, los esquemas de seguridad de los tres habrían sido reforzados. La Defensoría del Pueblo alertó que la existencia de un plan de este tipo representaría un 'riesgo grave para las mujeres en la política' y para un funcionario 'con responsabilidades de control' dentro del Estado de Derecho. Valencia, senadora y aspirante a la Presidencia por el partido Centro Democrático, ha sido figura destacada de la oposición. Su nombre se suma al de Miguel Uribe Turbay, también precandidato de ese movimiento, que falleció el pasado 11 de agosto, dos meses después de sufrir un atentado en Bogotá durante un acto de campaña. Por su parte, Juvinao ha sido crítica constante del Gobierno Nacional actual.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el riesgo de atentado podría traducirse en una 'vulneración de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y el ejercicio de los derechos políticos'. El organismo advirtió que, además del daño individual, un ataque de este tipo representaría una 'afectación grave' para la democracia colombiana. En su comunicado, también destacó que fue el gobierno quien identificó el supuesto plan y 'tomó medidas para fortalecer' la protección de las posibles víctimas. La Defensoría instó a la Fiscalía General de la Nación a avanzar en investigaciones correspondientes y, si se confirma la existencia del complot, proceder con la judicialización de los presuntos responsables. Asimismo, manifestó disposición de trabajar en conjunto con las diferentes ramas del poder público y 'acompañar institucionalmente' a Valencia, Juvinao y Rodríguez durante el proceso. “El fortalecimiento de la democracia requiere la acción unida del Estado, los partidos y la sociedad”, afirmó la entidad, refiriendo que la seguridad de quienes participan en la vida política sería una 'condición esencial' para el funcionamiento del sistema democrático. En este sentido, llamó a las autoridades y organizaciones políticas 'de todas las tendencias' a 'sumar esfuerzos' para 'prevenir' nuevos actos de violencia.
La advertencia se suma a un reciente informe de la Defensoría que identificó más de 600 municipios con distintos niveles de riesgo de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Ante esto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció la activación del “Plan Democracia”, que contemplaría el despliegue de 20.000 miembros del Ejército y la Policía, y que sería para custodiar actividades políticas y garantizar la seguridad durante todo el proceso electoral. Y a propósito de todo, esta semana el movimiento Defensores de la Patria, liderado por el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, denunció que el 13 de octubre habrían incendiado el vehículo del coordinador departamental Juan Carlos Santamaría en la vía entre Norte de Santander y Arauca. Santamaría habría salido ileso tras presuntamente ser obligado a bajar por hombres armados, y el video del carro en llamas circula en redes. De la Espriella responsabilizó al Presidente Gustavo Petro y vinculó el hecho con supuesta acción de grupos armados y delictivos en la región, mientras que el ELN (Frente de Guerra Oriental) negó su responsabilidad y dijo que supuestamente se trataba de un “autoatentado” y un “show mediático” para 'victimizarse' en campaña. Las autoridades no se habían pronunciado al momento del reporte. El precandidato prometió seguir recogiendo firmas, y pidió además donaciones de $1.000 'para comprar un nuevo vehículo' para Santamaría. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: DW • EFE • El Heraldo • Revista Cambio
