De madrugada, dos busetas del transporte público fueron parqueadas frente a la Alcaldía de Ibagué, donde sus propietarios se encadenaron para iniciar una huelga que sería 'de carácter indefinido'. La protesta, encabezada por el líder gremial Michel Cepeda, pretendería llamar la atención de la alcaldesa Johana Aranda ante 'demoras e irregularidades' que, según los manifestantes, habrían marcado la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP). Cepeda explicó que los transportadores estarían viendo desaparecer su patrimonio debido a lo que califican como una 'mala ejecución' del SETP, así como por una falta de pagos que les impediría renovar la flota vehicular exigida para la modernización del sistema. “Debido a los incumplimientos de la alcaldesa y la mala implementación del SETP, los propietarios estamos perdiendo nuestro capital”, señaló el vocero, quien aclaró que la huelga continuaría hasta obtener una respuesta directa por parte de Aranda. El líder gremial también denunció lo que considera una “expropiación masiva” de los propietarios de busetas que habrían tenido que retirar sus vehículos presuntamente sin recibir una 'compensación justa'. Recordó además que la reposición de la flota ya había sido motivo de inconformidad durante el paro convocado en enero, el cual habría logrado apaciguar tras compromisos que, según los manifestantes, no habrían sido cumplidos por la administración local.
Los transportadores reclaman además que el proyecto del SETP presentaría fallas graves en su ejecución técnica y financiera. “Hemos evidenciado falencias en la semaforización, la malla vial, los paraderos y toda la demora en el avance del sistema. Además, no tiene cierre financiero y las operadoras no cuentan con los recursos necesarios para implementarlo”, indicó Cepeda. Estas deficiencias, añadió, habrían dejado a los propietarios en una 'situación crítica' sin claridad sobre el futuro del transporte público en Ibagué. El movimiento de protesta se mantendría frente a la alcaldía hasta que la administración local 'ofrezca soluciones concretas'. Cepeda insistió en que la manifestación sería pacífica y que pretendería 'defender los derechos económicos' de quienes han prestado el servicio en la ciudad durante años. “Todos terminaremos pagando las consecuencias de esta mala implementación, como ha ocurrido en otras regiones del país”, consideró.
El Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué es un proyecto cofinanciado en un 70% por el Gobierno Nacional y en un 30% por la alcaldía, con una inversión aproximada de $500 mil millones. No obstante, tras cinco años de planificación, los transportadores aseguran que no se observarían avances significativos en su desarrollo y que el deterioro del sector amenazaría con dejar 'sin sustento' a decenas de familias que dependen del transporte colectivo en Ibagué. En medio de todo, El Olfato reportó horas después que ambos registrarían deudas superiores a $250 millones con la empresa operadora Logalarza: Cepeda debería $71 millones por su buseta, mientras que Caro y su esposa acumularían más de $184 millones por tres vehículos. Además, que ante 'reiterados incumplimientos' Logalarza habría iniciado un proceso de desvinculación de los vehículos morosos, 'en aplicación de sus normas y contratos internos'. Mientras tanto, los transportadores sostienen que el modelo del SETP sería 'financieramente inviable' y responsabilizan a la administración local de su situación económica. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Cronista • Caracol Radio • El Olfato
