La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el 'cierre inmediato' de los reconocidos restaurantes Andrés Carne de Res en Chía y Andrés D.C. en Bogotá, al decir que se habrían detectado 'riesgos graves' en sus instalaciones eléctricas y de gas combustible. La medida implicaría la suspensión total de actividades económicas, artísticas y comerciales, incluyendo la preparación y venta de alimentos, los espectáculos y el funcionamiento de los bares y bailaderos, debido a un riesgo que representarían dichas fallas para trabajadores, visitantes y consumidores. Las inspecciones se realizaron los días 10 y 11 de septiembre de 2025, cuando la entidad habría encontrado deficiencias técnicas, como conductores eléctricos expuestos a daños físicos, fallas en los tableros de distribución, ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas, falta de ventilación en zonas con gas combustible, uniones sin protección anticorrosiva y una carencia de dispositivos de seguridad exigidos por los reglamentos técnicos. Según la SIC, estas condiciones podrían ocasionar 'incendios, explosiones o intoxicaciones', por lo que se impusieron cuatro medidas administrativas preventivas y se abrieron cuatro investigaciones contra la sociedad Inmaculada Guadalupe y Amigos SAS, propietaria de ambos establecimientos.
La decisión de la Superintendencia también estaría relacionada con recientes accidentes en estos locales. En 2024, la bailarina Laura Villamil sufrió quemaduras durante un espectáculo de fuego en Andrés D.C., y en septiembre de 2025 se presentó otro incidente en el que una máquina de humo habría fallado, provocando quemaduras y daños a varias personas. Estos hechos habrían escalado nuevas alarmas sobre la seguridad en los espacios de entretenimiento y una necesidad de cumplir 'de manera rigurosa' con las normas técnicas. Frente a esta situación, la empresa Andrés Carne de Res respondió que ya habría cumplido con las instrucciones impartidas por la SIC y que ha realizado todas las adecuaciones requeridas “en su totalidad y a satisfacción”. En un comunicado oficial, la compañía dijo que radicaría hoy ante la autoridad competente la documentación y los soportes necesarios 'para avanzar en el levantamiento de la medida preventiva'. Asimismo, manifestó 'compromiso' con 'la seguridad, el bienestar de sus visitantes y la mejora continua de sus operaciones'.
De acuerdo con la entidad de control, para proceder con el levantamiento de la orden de cierre, la empresa debería presentar pruebas que acrediten el cumplimiento de los reglamentos técnicos y demostrar la corrección de las deficiencias encontradas. La SIC indicó también que el 'cumplimiento estricto' de estas normas sería 'esencial' para la seguridad de consumidores y prevenir accidentes relacionados con una 'manipulación inadecuada de la energía eléctrica y el gas combustible'. Finalmente, la Superintendencia advirtió que el incumplimiento de reglamentos técnicos u órdenes impartidas podría derivar en sanciones económicas de hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor). Por ahora, la compañía esperaría que la autoridad evalúe la documentación radicada y determine si procede el levantamiento de las medidas que mantienen cerrados los establecimientos de Chía y Bogotá. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: W Radio • Portafolio
