La Corte Suprema de Estados Unidos emitió hoy decisiones trascendentales en el país, en lo que representaría una victoria para el plan de gobierno del Presidente Donald Trump, al limitar la facultad de jueces federales para bloquear decisiones de su administración que consideran ilegales. Sin embargo, el máximo tribunal no precisó si el decreto del mandatario para abolir la ciudadanía automática por nacimiento es constitucional o no, uno de los temas más controversiales en horas recientes. Así las cosas, por seis votos a favor y tres en contra (los de las juezas progresistas), la corte declaró que las suspensiones a escala nacional emitidas por jueces de tribunales inferiores "probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales". "Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que les ha otorgado el Congreso", declaró la jueza Amy Coney Barrett, autora del dictamen. "Cuando un tribunal concluye que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades", añadió en un fallo. La jueza Ketanji Brown Jackson acusó a sus colegas conservadores de crear “una amenaza existencial para el Estado de derecho” al permitir que Trump “viole la Constitución”. En otra decisión, la Corte Suprema falló a favor de padres que quieran excluir a sus hijos de libros LGBTQ en las escuelas del país.
Trump calificó de "victoria gigantesca" la decisión de la Corte Suprema. "Incluso el fraude de la ciudadanía por derecho de nacimiento se ha visto indirectamente duramente afectado", dijo en su plataforma Truth Social. "Gracias a esta decisión, ahora podemos recurrir a la justicia para avanzar con estas numerosas medidas y aquellas que han sido prohibidas erróneamente a escala nacional (...) Tenemos tantas", declaró por otra parte a periodistas. El fallo tendría consecuencias en la capacidad del poder judicial para ejercer control en decisiones de él o futuros presidentes estadounidenses. El caso se centró en si un solo juez de un tribunal federal de distrito tiene derecho a bloquear a nivel nacional un decreto presidencial mediante una orden universal mientras el asunto se litiga en las cortes. El día de su investidura, el 20 de enero, Trump firmó un decreto para negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal, como asilo o visas. La decisión de hoy afectaría eventualmente a millones de ellos. Grupos defensores de inmigrantes y demandantes individuales dijeron lamentar el fallo, especialmente por el tema de ciudadanía por nacimiento. Los abogados de grupos anunciaron que buscarán certificar una demanda colectiva a nivel nacional, centrada en los niños nacidos a partir del 19 de febrero de 2025, fecha del decreto de Trump. Organizaciones como CASA y el Instituto para la Defensa y Protección Constitucional dijeron estar preparadas para continuar la batalla legal 'por otros caminos'.
También hoy en EEUU, Trump anunció que rompió las negociaciones comerciales con Canadá luego de que ese país mantuviera su impuesto del 3% a los servicios digitales de tecnológicas como Meta. Trump catalogó esto como "ataque directo y flagrante" contra EEUU y anunció que en los próximos siete días impondría aranceles a Canadá en respuesta. Trump acusó a Canadá de seguir el ejemplo de la Unión Europea y reiteró críticas previas sobre 'barreras comerciales', como aranceles a productos agrícolas estadounidenses. A propósito, China y EEUU anunciaron un acuerdo comercial tras negociaciones en Ginebra, que incluiría la reducción temporal de aranceles y la eliminación de algunas restricciones mutuas. EEUU se habría comprometido a levantar una serie de medidas restrictivas, mientras que China revisaría y aprobaría las exportaciones de ciertos productos estratégicos, como las tierras raras. Esto representaría una desescalada en sus tensiones comerciales. En otras noticias, el Gobierno de EEUU aceleró la imposición de multas de hasta $1.8 millones de dólares a migrantes indocumentados que no se autodeporten. Y hoy se anunció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití, exponiendo a más de 500.000 haitianos a la deportación. El Departamento de Seguridad Nacional argumentó que las condiciones en Haití habrían 'mejorado lo suficiente' como para que sus ciudadanos regresen. Se fijó el 3 de agosto como fecha de finalización y se alienta a los beneficiarios a autodeportarse antes del 2 de septiembre. Haití fue incluido en el TPS tras el terremoto de 2010 y posteriores crisis. Esta decisión revierte la ampliación otorgada por el gobierno del expresidente Joe Biden hasta 2026. Los haitianos ya enfrentaban dificultades tras la anulación de otro programa migratorio, el CHNV, por parte de la Corte Suprema. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: DW • AFP • Reuters • AP • EFE • CNN
