La Corte Constitucional dictaminó en una decisión no unánime que sólo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes podría adelantar investigaciones contra el Presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022. Este fallo respondió a una tutela interpuesta por el presidente, quien argumentó presunta vulneración de su debido proceso. Así, la Corte dejó sin efecto decisiones anteriores del Consejo de Estado que otorgaban competencia al Consejo Nacional Electoral (CNE), y ordenó trasladar el caso al Congreso. No obstante, la sentencia no impide que el CNE investigue a otros responsables de la campaña del Pacto Histórico por presuntas violaciones a los topes de financiación.
Tras esto, el CNE anunció que continuaría con el proceso sancionatorio contra partidos, movimientos y demás integrantes de la campaña, argumentando que su actuación se ajustaría al marco legal. El pronunciamiento ha generado polémica y reabierto el debate sobre la clarificación de competencias entre órganos constitucionales. La Corte también llamó al Congreso a legislar sobre la resolución de estos conflictos de competencias 'para garantizar mayor seguridad jurídica y separación de poderes'. Hoy también se conoció otra decisión relevante de la misma Corte, al dejar sin efectos la intervención del Gobierno Nacional, por medio de la Superintendencia de Salud, sobre la EPS Sanitas y sus bienes, la cual se había adelantado desde el año pasado. El alto tribunal, al resolver una acción de tutela que había sido declarada improcedente en el pasado por la Corte Suprema, determinó amparar derechos al debido proceso de Sanitas, sus clínicas y Keralty SAS, al encontrar que se vulneraron sus garantías en la intervención que realizó el gobierno.
Según lo encontrado por la Corte Constitucional, aunque la SuperSalud habría justificado la intervención de Sanitas por una “insuficiencia patrimonial” para prestar el servicio, no habría tenido en cuenta las órdenes que desde el alto tribunal se le habría dado al gobierno en el seguimiento a la situación del sistema de salud, tales como la actualización debida del valor de la UPC que se debe pagar a los prestadores de salud, el reconocimiento de los presupuestos máximos, así como la actualización de cifras del sistema, temas considerados fundamentales. Por lo anterior, revocó tanto la primera resolución de intervención expedida el 2 de abril del 2024, así como la publicada el 1 de abril de 2025, en donde la SuperSalud extendió la intervención sobre todos sus activos y planes de oferta en salud por un año más.
Vía: Infobae • W Radio
