Estados Unidos informó que en la noche de ayer habría realizado tres ataques contra embarcaciones en el océano Pacífico oriental, cerca de Colombia, que habría dejado ocho personas muertas. Según el Comando Sur, las lanchas presuntamente se desplazaban por 'rutas conocidas' del narcotráfico y participarían 'en el transporte de drogas y armas', por lo que fueron atacadas en el marco de la operación “Lanza del Sur”, ordenada por el secretario de Defensa (Guerra) Pete Hegseth. Washington difundió videos de los operativos y señaló que los objetivos supuestamente estaban vinculados a “organizaciones terroristas designadas”, aunque no presentó pruebas concretas sobre las acusaciones de narcotráfico. Estos ataques se suman a una campaña más amplia en el Caribe y el Pacífico que, desde septiembre, ha dejado al menos 95 muertos en 25 operaciones, lo que ha generado cuestionamientos en el Congreso estadounidense. El Presidente Donald Trump ha defendido la ofensiva como 'necesaria' para 'frenar' el flujo de drogas y que EEUU estaría en un “conflicto armado” con los cárteles, anticipando incluso posibles operaciones terrestres, especialmente en Venezuela. En este contexto, también ha incrementado la presión política sobre gobiernos de la región, incluido Colombia, mientras Estados Unidos despliega su mayor presencia militar en décadas en estas zonas marítimas.
A propósito de Colombia, EEUU designó al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado, y al incluirlo en la llamada Lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac). El secretario de Estado, Marco Rubio, catalogó al grupo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), como una organización “violenta y poderosa”, financiada principalmente por el tráfico de cocaína y 'responsable de ataques contra funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, militares y civiles'. La decisión tendría efectos como el congelamiento de activos y sanciones penales para quienes mantengan vínculos con la estructura. Las medidas llegan en un momento donde el Clan del Golfo se encuentra en diálogos de paz con el gobierno colombiano, adelantados en Doha (Catar), donde recientemente se habían acordado Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). La inclusión complicaría ese proceso y añadiría presión en medio de relaciones tensas entre Bogotá y Washington, marcadas por el despliegue en el Caribe y el Pacífico Oriental. Considerado el grupo armado más grande del país, con entre 9.000 y más de 13.000 integrantes, el Clan del Golfo también participaría en minería ilegal y tráfico de migrantes.
En tensiones que suman y relacionan a otros países, además de Venezuela y Colombia, Trinidad y Tobago anunció que permitiría en las próximas semanas el tránsito de aviones militares de EEUU por sus aeropuertos, una medida que, según su canciller Sean Sobers, respondería a 'compromisos de cooperación' en seguridad regional y tendría un carácter 'estrictamente logístico'. Se da en el mismo contexto de presencia militar estadounidense, que incluye ejercicios conjuntos e instalación de un sistema de radar 'para vigilar el narcotráfico marítimo'. El país ha negado que estas acciones estén dirigidas contra Venezuela, a pesar de crecientes tensiones con ese gobierno. Precisamente, el Gobierno de Venezuela anunció horas después una 'suspensión inmediata' de todos los acuerdos para el suministro de gas natural a Trinidad y Tobago, acusando a ese país de supuestamente colaborar con Estados Unidos en la confiscación del petrolero Skipper, que transportaba cerca de 1,9 millones de barriles de crudo venezolano, y de 'facilitar' infraestructura 'para operaciones militares'. Caracas calificó la incautación como un acto de “piratería” y que el radar y el uso de aeropuertos pretenderían 'hostigar' a sus exportaciones, mientras acusa a la primera ministra Kamla Persad-Bissessar de convertir a su país en un “portaaviones de EE. UU.”. La ruptura profundizaría el deterioro de las relaciones.
A propósito de todo, Pdvsa (Petróleos de Venezuela) denunció que ayer habría tenido un ciberataque y lo atribuyó a Estados Unidos, 'cuyo objetivo habría sido paralizar su operatividad', según dijo. Sin embargo, la estatal aseguró que el ataque solo habría afectado sistemas administrativos y no habría comprometido áreas operativas, por lo que se mantenía la continuidad en el suministro interno y en los compromisos de exportación, al tiempo que rechazó la acción calificándola como una 'agresión extranjera orientada a apropiarse del petróleo venezolano'. A las decisiones de EEUU y las tensiones con los países en América Latina se suma México. Recientemente Trump firmó un decreto para declarar al fentanilo como “arma de destrucción masiva”, lo que llevó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a decir que la soberanía del país “no está en discusión” en referencia a 'cualquier intento de intervención extranjera', aunque ha señalado que México estaría dispuesto a 'cooperar y coordinarse' con Washington 'siempre que se respete su territorialidad'. Trump anunció la firma de la orden en un evento para condecorar a militares 'por su labor' defendiendo la frontera con México. No obstante, horas después México y EEUU habrían acordado 'reforzar cooperación' en seguridad para 'enfrentar los ataques con drones de los carteles en la frontera, mejorar el intercambio de inteligencia y agilizar extradiciones, decomisos e investigaciones', especialmente contra el tráfico de fentanilo y el robo de combustible 'sin afectar la soberanía mexicana'. El reporte continúa en constante desarrollo.
Vía: DW • AP • EFE • AFP • Infobae • Europa Press • CNN • Reuters • La Silla Vacía • NTN24 • Notimérica • Milenio • El Universal
