La Reforma a la Salud del Gobierno Nacional volvió a hundirse en el Congreso luego de que la Comisión Séptima del Senado la archivara con una votación de 8 votos en contra de 5. La mayoría de los senadores sostuvo que el proyecto 'no ofrecía claridad suficiente' sobre las fuentes de financiación del nuevo modelo, un reparo que ya había marcado el debate desde su radicación y que también habría sido determinante en el fracaso de la iniciativa anterior. El archivo se dio con los votos de sectores de oposición e independientes, que calificaron la propuesta como 'más riesgosa' que la presentada previamente. Para estos congresistas, la reforma plantearía una 'transformación profunda' del sistema de salud 'sin garantías fiscales claras', lo que, según ellos, podría 'afectar la continuidad en la prestación de los servicios, generar traumatismos en la transición y poner en riesgo a los pacientes' en medio del cambio de modelo.
Durante la discusión, la senadora Norma Hurtado (Partido de la U) dijo que el gobierno no habría sustentado las fuentes de financiación y alertó sobre un presunto desfinanciamiento 'cercano a los 126 billones de pesos' en un horizonte de diez años. En la misma línea, el senador Honorio Henríquez (Centro Democrático) habría celebrado el hundimiento del proyecto y lo defendió como un 'acto de responsabilidad', señalando que no estarían garantizados los recursos para la UPC (Unidad de Pago por Capitación, los recursos del sistema girados para usuarios en salud) y recordó el desacato de la Corte Constitucional contra el ministro de Salud por una falta de aseguramiento de estos pagos (para mayor contexto, consultar en el blog). A pesar del revés legislativo, los partidos de gobierno activaron el recurso de apelación en lo que pretendería intentar revivir la iniciativa. El senador Fabián Díaz (Alianza Verde) radicó formalmente ante la plenaria del Senado una apelación en la que argumenta que este mecanismo permitiría que 'un mayor número' de congresistas se pronuncie sobre la decisión de archivar el proyecto y garantizaría el 'derecho del autor de la iniciativa' a acudir a una instancia superior para controvertir la determinación adoptada por la Comisión Séptima.
En su solicitud, Díaz solicitó que, previo informe de una comisión accidental, la plenaria acoja la apelación y, de ser aprobada, remita el proyecto a otra Comisión Constitucional Permanente para que continúe su trámite en primer debate. No obstante, esta decisión solo se resolvería hasta marzo del próximo año, debido a que hoy finaliza la legislatura ordinaria y el Congreso entrará en receso hasta después de las elecciones legislativas de 2026. Tras el hundimiento, el Ministerio de Salud dijo rechazar la decisión del Senado y manifestó que el archivo de la reforma supuestamente protegería intereses particulares, “blindó el negocio de la salud” (en el marco de controversias como deudas de las EPS) y mantendría un sistema 'que ha fallado durante décadas'. El Gobierno Nacional insistió en que la iniciativa sí tendría respaldo fiscal 'a diez años', contemplaría 'aumentos históricos' de la UPC y buscaría 'fortalecer la atención primaria, reorganizar los servicios desde los territorios, garantizar la transparencia en el uso de los recursos y corregir los incentivos perversos del modelo actual'. En su pronunciamiento, el Ejecutivo refirió que la crisis del sistema no se explicaría por falta de dinero, sino por 'la opacidad y la intermediación', y que el “Gobierno del Cambio no retrocede” en su objetivo de transformar la salud 'bajo el principio de que debe ser un derecho y no un negocio'.
Y a propósito del sistema de salud, la Procuraduría General llamó a juicio disciplinario al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y a tres exministros por presuntas irregularidades en la implementación del nuevo sistema de salud del Magisterio, en operación desde mayo de 2024. Según se dijo, el ente de control habría hallado fallas como 'aprobación tardía del manual de contratación, falta de negociación de tarifas, contratación extemporánea de IPS y vacíos en la auditoría y manejo de recursos', lo que habría afectado la calidad y continuidad del servicio a los docentes. Las deficiencias habrían derivado en intervenciones y medidas cautelares de la Supersalud al Fomag y a la Fiduprevisora, tras auditorías que habrían evidenciado 'retrasos' en pagos y entrega de medicamentos, mientras la Procuraduría pretendería establecer responsabilidades por las decisiones tomadas durante la transición del modelo. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La FM • Blu Radio • El Tiempo • El Colombiano
