La canciller Laura Sarabia renunció en medio de una controversia por la licitación de pasaportes. En una carta enviada al Presidente Gustavo Petro, Sarabia refirió desacuerdo con decisiones recientes del Gobierno Nacional, diciendo que “no se trata de diferencias menores (…) sino de un rumbo que ya no me es posible ejecutar”. El detonante de su salida habría sido su decisión de declarar una tercera urgencia manifiesta para que la empresa Thomas Greg & Sons (que lleva 17 años prestando el servicio) continuara con la producción de pasaportes, al comunicarse que la Imprenta Nacional no estaría lista para asumirla a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, Petro desautorizó esa decisión, ratificando que se firmaría el contrato con la Casa de la Moneda de Portugal, lo que confirmó también Alfredo Saade, nuevo jefe de gabinete. La Cancillería indicó en un documento enviado a la Procuraduría que la Imprenta Nacional necesitaría al menos 35 semanas de preparación para asumir la expedición de pasaportes, lo que incluía capacitación y empalme tecnológico. Reportes de medios indicaron que funcionarios de la Imprenta habrían declarado que no habría capacidad para asumir la tarea, ni se conocerían los términos del contrato con Portugal.
Sarabia fue también jefa de gabinete y directora de Prosperidad Social. No obstante, su trayectoria ha estado marcada por varios escándalos: el caso del polígrafo a su niñera Marelbys Meza e interceptaciones ilegales, los audios de Armando Benedetti sobre presunta financiación ilícita en la campaña, el suicidio del coronel Óscar Dávila, y señalamientos contra su hermano por presunto enriquecimiento. En otras cosas sobre el Gobierno Nacional, Estados Unidos llamó a 'consultas urgentes' a su encargado de negocios en Colombia, John McNamara, al mencionar “profunda preocupación” por el estado actual de las relaciones bilaterales. La vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, indicó que esta decisión respondería a declaraciones “repudiables e infundadas” de altos funcionarios del gobierno colombiano, sin especificar cuáles. También se advirtió que EEUU tomaría otras medidas 'para dejar clara su postura', aunque se mencionó que Colombia seguiría siendo socio estratégico importante. En respuesta, el Presidente Gustavo Petro también llamó a consultas a su embajador en EEUU, Daniel García-Peña, para discutir la agenda bilateral. Petro hizo estas declaraciones poco después de que la Fiscalía colombiana anunciara una investigación sobre un supuesto complot para derrocarlo, que involucraría a su exministro Álvaro Leyva, pero también a 'sectores del narco y la extrema derecha tanto colombiana como estadounidense'. Según Petro, se trataría de una 'conspiración internacional' en su contra. Las tensiones entre los actuales gobiernos han estado marcadas por desacuerdos con el Presidente Donald Trump sobre aranceles y migración. Colombia seguiría siendo el principal socio de EEUU en América Latina.
A propósito del caso de Leyva, treinta congresistas colombianos afines al gobierno enviaron una carta al Comité de Ética de la Cámara de Representantes de EEUU solicitando investigar a los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Antonio Giménez por presunta injerencia en asuntos internos de Colombia. La solicitud se basa en este caso, donde asesores de esos congresistas se habrían contactado con el excanciller para supuestamente discutir el plan para destituir a Petro, aunque ellos lo han negado. Los firmantes argumentan que estas acciones podrían violar el principio de no intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y afectar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Entre los firmantes están congresistas del Pacto Histórico, Comunes, Verde y Liberal. La Fiscalía colombiana ya inició una investigación preliminar contra Leyva, quien se encuentra en Madrid (España). Y entre tanto, otra noticia relacionada con el Gobierno Nacional, sobre el caso Ungrd: el magistrado Leonel Rogeles del Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) por su presunta participación en este escándalo de corrupción. Según la Fiscalía, habría ordenado al entonces director Olmedo López entregar contratos y sobornos por más de $70.000 millones a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle a cambio de apoyo legislativo; las pruebas incluirían confesiones, registros de reuniones y evidencia de pagos que también habrían financiado campañas políticas, lo que llevó a su imputación por cohecho, peculado y lavado de activos. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • Caracol Radio • DW • AFP • AP • La FM de RCN
