La Registraduría Nacional adjudicó un contrato por $2,1 billones a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, liderada por Thomas Greg & Sons, para encargarse de la logística de las elecciones de 2025 y 2026, desde la inscripción de votantes hasta el escrutinio. Aunque diez empresas manifestaron interés inicial, solo esta unión habría presentado oferta formal, ya que otras como Smartmatic y Toppan Security se habrían retirado. La decisión sucede en medio de críticas por presuntos 'requisitos restrictivos', que la Registraduría desestimó argumentando la necesidad de experiencia directa como contratista principal y la optimización de costos mediante un modelo integral. La adjudicación reactivó tensiones políticas por el papel de Thomas Greg en otros contratos como el de pasaportes, actualmente en el centro de un escándalo. El Presidente Gustavo Petro manifestó que tendría dudas sobre la transparencia de las elecciones de 2026, retomando afirmaciones como de que dicha empresa controlaría la base de datos de los ciudadanos, algo ya desmentido.
En medio de esta controversia, Rosa Yolanda Villavicencio asumió como nueva canciller encargada tras la renuncia de Laura Sarabia, quien habría dejado el cargo por el desacuerdo con el Gobierno Nacional en torno al contrato de pasaportes. Villavicencio debería definir si firma el nuevo contrato con la Casa de la Moneda de Portugal, mientras gestiona un riesgo de crisis por el vencimiento del contrato actual en septiembre. También tendría a su cargo mantener relaciones diplomáticas con EEUU, tras tensiones recientes que llevaron al retiro temporal de sus encargados diplomáticos.
A esta situación se suma una nueva investigación disciplinaria de la Procuraduría contra los excancilleres Sarabia y Gilberto Murillo, y contra el jefe del despacho presidencial, Alfredo Saade. Según el Ministerio Público, los exfuncionarios no habrían estructurado de manera eficiente el nuevo modelo de adjudicación, y que Murillo presuntamente habría hecho uso indebido de la urgencia manifiesta para prorrogar el contrato con Thomas Greg. Sarabia, por su parte, sabría desde abril que el nuevo esquema con la Imprenta Nacional y Portugal sería inviable. En el caso de Saade, la Procuraduría señala que presuntamente se habría extralimitado al dar instrucciones para “racionalizar” las citas de expedición de pasaportes, lo cual fue cuestionado directamente por Sarabia. A raíz de esto y de una falta de claridad sobre los tiempos necesarios para transferir tecnología y garantizar la producción de libretas, el Ministerio Público inspeccionó la Cancillería. Aunque la entidad dijo que el contrato con Portugal se firmaría en septiembre, ha advertido que se requerirían al menos 35 semanas más para implementar el nuevo sistema, lo que dejaría en incertidumbre la continuidad del servicio. EL reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • Caracol Radio
