El Gobierno Nacional anunció 'nuevas gestiones humanitarias' que serían para atender 'la crisis' que enfrentan al menos 40 colombianos detenidos en Venezuela. La decisión se habría producido tras recientes protestas de familiares en el puente internacional Simón Bolívar, en la frontera entre Cúcuta y San Antonio del Táchira, quienes exigieron una 'intervención urgente' para una garantía de liberación de sus seres queridos. Hoy en el Centro Nacional de Atención a Frontera (CENAF) de Villa del Rosario, Norte de Santander, se llevó a cabo una reunión entre el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, funcionarios de la Cancillería, el personero municipal Óscar Eduardo Cabrales y representantes de los familiares de los detenidos. En el encuentro, las partes habrían firmado 'compromisos conjuntos, para dar respuesta a la situación, calificada oficialmente como una “crisis humanitaria”.
Entre los acuerdos se habrían establecido cuatro compromisos principales: el viceministro reiteraría al Presidente Gustavo Petro y a la canciller una necesidad de reunirse 'urgentemente' con los familiares de los retenidos; el 16 de octubre se presentaría un borrador de misión humanitaria con los actores involucrados; se buscaría contacto con medios de comunicación 'para visibilizar las violaciones a los derechos humanos' y al Derecho Internacional Humanitario, y se conformaría una mesa técnica integrada por la Cancillería, la Defensoría del Pueblo, autoridades locales, familiares y representantes del Congreso, en lo que pretendería 'dar seguimiento' a las gestiones. La Cancillería también reportó un listado con los nombres de los colombianos que actualmente estarían presos en Venezuela, entre ellos Manuel Alejandro Tiquez, ingeniero industrial del Consejo Danés de Refugiados, detenido en septiembre de 2024 por la guardia venezolana en el estado Apure mientras realizaba una misión humanitaria. Su caso habría sido uno de los más difundidos, pues llevaría más de un año preso bajo 'falsas acusaciones' de paramilitarismo y solo habría podido comunicarse una vez con su familia.
Desde 2024, la Cancillería habría enviado 18 notas verbales al Gobierno de Venezuela sin obtener respuesta, lo que habría generado preocupación entre familias y organizaciones defensoras de derechos humanos. Los familiares insisten en que varios de los detenidos no contarían con 'procesos judiciales claros' ni cargos formales, lo que constituiría una 'violación a los derechos fundamentales y al debido proceso'. El Gobierno Nacional se habría comprometido a mantener 'canales diplomáticos' activos y a coordinar una misión humanitaria en territorio venezolano 'para verificar la situación de los presos'. Mientras tanto, los familiares continuaban su petición por 'justicia y libertad', pidiendo la intervención de organismos internacionales ante lo que consideran una 'persecución arbitraria' contra ciudadanos colombianos en el otro país. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • Noticias RCN
