El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el Decreto 0858 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional para implementar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo. La decisión, adoptada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo bajo ponencia de la magistrada Nubia Margoth Peña, responde a una demanda del congresista Andrés Forero (Centro Democrático), quien argumentó que el Ejecutivo presuntamente excedió sus facultades reglamentarias al modificar la estructura del sistema de salud mediante un acto administrativo. Con esta medida cautelar, el gobierno debería frenar toda acción derivada del decreto hasta que el alto tribunal emita un fallo definitivo sobre su legalidad. El Consejo de Estado consideró que el decreto pudo haber invadido 'competencias exclusivas' del Congreso, ya que sustituía un capítulo completo del Decreto 780 de 2016, norma base del sistema de salud, lo cual implicaría una modificación sustancial sin respaldo legislativo. Según la magistrada Peña, el Ejecutivo 'no puede regular integralmente' el modelo de seguridad social en salud sin una ley estatutaria que lo autorice. La suspensión, fundamentada en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, permanecería vigente mientras se decide la demanda de nulidad, pudiendo llevar a una anulación definitiva o a la reactivación del decreto si se demuestra su legalidad.
El Decreto 0858 planteaba una reorganización territorial del sistema sanitario, la creación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), y la redefinición del rol de las EPS dentro de Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS). Su propósito era reorientar la atención hacia 'la prevención, el seguimiento comunitario y la gestión del riesgo', en lo que pretendería 'anticiparse' a la enfermedad y fortalecer la atención primaria. Asimismo, asignaba nuevas funciones a las entidades territoriales y al Ministerio de Salud, que asumiría facultades ampliadas para habilitar redes, definir subregiones funcionales y estructurar los equipos de salud territorial. La suspensión del decreto ha generado varias reacciones a favor y en contra, entre ellas la del Presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la decisión del Consejo de Estado al decir que “suspender un sistema preventivo en un país es ir contra la vida humana”. También, sostuvo que el decreto no usurparía funciones del Congreso, sino que desarrollaría los principios de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que consagraría la salud como 'un derecho fundamental'. Petro argumentó que el modelo preventivo buscaría garantizar 'la vida y la equidad' en un sistema que, a su juicio, habría fallado en proteger a millones de colombianos, especialmente en las zonas rurales y más vulnerables.
Para el Gobierno Nacional, el modelo preventivo representaría una apuesta ética y territorial que pretendería 'superar' la intermediación financiera y 'acercar' los servicios de salud a las comunidades 'históricamente excluidas'. Los CAPS y las RIITS estaban concebidos como estructuras comunitarias que garantizarían 'atención continua, integral y digna'. Su suspensión, advierten expertos y voceros del Ejecutivo, frenaría un avance que ya habría mostrado resultados en reducción de mortalidad infantil y perinatal. Desde la oposición, sin embargo, se considera que el gobierno habría intentado imponer por decreto una reforma estructural que debería debatirse en el Congreso, lo cual constituiría un precedente de tensión institucional. Con el decreto suspendido, el Congreso volvería a ser escenario clave para discutir una reforma estructural de la salud. Allí se tramita actualmente una iniciativa legislativa que recoge los principios del modelo preventivo, aunque enfrentaría un ambiente político polarizado. Mientras el gobierno dice que la transformación del sistema sería una 'urgencia nacional', parte de la oposición defiende el modelo vigente y denuncia un supuesto intento de 'concentración estatal'. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Infobae • RTVC
