La Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior presentaron diagnósticos distintos sobre el riesgo electoral que enfrenta Colombia de cara a las elecciones de 2026. Según el informe “Alerta Temprana Electoral 2025-2026” de la Defensoría, más de 600 municipios estarían en riesgo, de los cuales 62 requerirían 'acción inmediata', 425 prioritaria y 216 observación permanente. Por su parte, el Ministerio del Interior, tras una reunión con el Ministerio de Defensa y la cúpula militar, concluyó que el riesgo se concentraría en 104 municipios, ubicados principalmente en El Catatumbo (Norte de Santander), el Cañón del Micay (Cauca), Nariño, Chocó y Valle del Cauca. El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que la preocupación del Gobierno Nacional se centraría en zonas donde persistirían problemas de orden público y cultivos ilícitos de coca, pues allí se habría fortalecido la presencia de grupos armados ilegales que podrían interferir en los procesos democráticos. Benedetti mencionó que, junto con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la Policía Nacional, estarían evaluando el mapa de riesgos electorales 'para garantizar la seguridad de candidatos y candidata', y evitar que las amenazas armadas 'limiten la participación política'.
El informe de la Defensoría del Pueblo, sin embargo, plantea un panorama más amplio y preocupante. La defensora Iris Marín explicó que los municipios en riesgo se clasificarían según su nivel de vulnerabilidad, comparándolos con un sistema de salud: algunos “en cuidados intensivos” que podrían 'salvarse' con acciones institucionales urgentes, y otros que requerirían seguimiento permanente. El documento advierte de posibles vulneraciones de derechos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) antes, durante y después de las elecciones, siendo el suroeste del país (Cauca, Nariño y Valle del Cauca) la zona más crítica. Esta región concentraría el 24% de los municipios con necesidad de intervención inmediata, seguida del noroeste (Antioquia, Córdoba y Chocó) y el Catatumbo (Norte de Santander). Entre los principales actores armados que amenazarían la seguridad electoral se encontrarían las disidencias Farc, el ELN y el Clan del Golfo, cuya presencia generaría presión sobre comunidades y líderes locales. Ante esto, el Ministerio de Defensa anunció la activación del Plan Democracia, que desplegaría 20 mil miembros del Ejército y la Policía, en lo que pretendería custodiar las actividades políticas previas al proceso electoral de 2026. No obstante, Benedetti también criticó la metodología utilizada por la Defensoría del Pueblo, al afirmar que sus mapas de riesgo se basarían “en denuncias ciudadanas y no en la presencia real de grupos armados”. Según él, esa aproximación podría 'distorsionar' la magnitud del peligro en algunas regiones, comparándola con errores previos en la medición de los cultivos de coca.
Marín respondió que el Sistema de Alertas Tempranas considera múltiples variables, sociales, institucionales y de derechos humanos, y no se limitaría a indicadores militares o de orden público. Sobre los errores en cuanto a los cultivos, hace unos días la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reconoció 'fallas metodológicas' en su sistema de medición de cultivos de coca y producción de cocaína en Colombia, que presuntamente habrían distorsionado las cifras desde 2019. Estas habrían servidor de base para que el Gobierno de Estados Unidos descertificara al país en la lucha antidrogas. Según la entidad, 'limitaciones técnicas, presupuestales y de seguridad' habrían impedido actualizar datos en regiones consideradas clave como el Pacífico, generando un 'salto artificial' del 53% en la producción potencial de cocaína reportada en 2023. El presidente Gustavo Petro había denunciado las inconsistencias, señalando que los errores habrían sido usados supuestamente con fines políticos y 'afectaron' la percepción internacional. La ONU habría admitido que su modelo 'quedó obsoleto' y anunció una reforma al sistema de monitoreo junto al Gobierno Nacional que sería para mejorar la transparencia y precisión de las mediciones. El registrador nacional, Hernán Penagos, descartó la posibilidad de aplazar o suspender las elecciones de 2026 a pesar del mapa de riesgo electoral revelado por el Gobierno Nacional y la Defensoría del Pueblo, y que, aunque existirían municipios con problemas de orden público que requieren atención especial, 'esto no implica detener los procesos democráticos'. Además, que las alertas deberían servir para 'fortalecer la logística' y las garantías electorales, no para 'limitar' el derecho al voto. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • Revista Raya • El Colombiano
