Durante una audiencia judicial convocada para revisar la acción popular interpuesta contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS), la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, refirió sobre la crisis 'grave' que atravesaría el sistema de salud departamental. Según indicó, las deudas de las EPS superarían el billón de pesos, lo que habría comprometido la operatividad de los hospitales y la estabilidad laboral del personal médico y administrativo. La deuda con las instituciones de salud ascendería a $1.2 billones, de los cuales más de $800.000 millones corresponderían a hospitales públicos y más de $400.000 millones a la red privada. El Hospital Federico Lleras, que es el centro de referencia en el departamento, tendría una deuda de $240.000 millones. Matiz explicó que la acumulación de esta cartera habría generado un impacto estructural en la red hospitalaria pública y privada, impidiendo cubrir los costos básicos de funcionamiento. La situación habría afectado el pago de nóminas, la compra de medicamentos e insumos, y en general, la capacidad de los centros asistenciales para atender de manera adecuada a los pacientes.
Uno de los puntos considerados más críticos sería la situación del Hospital Federico Lleras Acosta, principal centro asistencial de Tolima. La gobernadora advirtió que este no contaría con recursos necesarios para pagar salarios ni adquirir insumos médicos. A su vez, que esta problemática se repetiría en otros municipios, donde las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) enfrentarían una 'crisis profunda' tras el incumplimiento de las EPS. Matiz ha dicho que se han realizado varias mesas técnicas y reuniones con las EPS que habrían pretendido buscar soluciones, pero sin 'resultados efectivos'. Según las actas de estos encuentros, no se habrían dado acuerdos de pago ni compromisos de desembolso concretos. Además, señaló que el déficit crecería cada año en aproximadamente $12 mil millones, lo que complicaría el deterioro financiero de la red hospitalaria. Retrasos en el pago de nóminas, incertidumbre laboral y sobrecarga de trabajo serían parte del panorama que enfrentarían médicos, enfermeras y personal administrativo. “Estamos llegando a un punto en el que sin recursos no podremos garantizar la atención hospitalaria en el Tolima”, indicó la gobernadora, que también solicitó al magistrado que preside la audiencia adoptar una medida cautelar 'que obligue a las EPS a realizar los pagos pendientes'. Además, Matiz aseguró que dicha intervención judicial sería necesaria 'para garantizar la continuidad' del servicio y 'proteger el derecho fundamental a la salud'. “Si no se decreta esta medida, estaríamos poniendo en riesgo la vida y el bienestar de miles de ciudadanos”, consideró.
Hace unos días, Matiz refería que la acción popular pretendería que el Tribunal ordene el pago de la cartera y garantice los giros a tiempo, pues se necesitaría “que se decrete la medida cautelar y que no se suspenda por apelaciones”. A propósito de todo, hace unas horas el Tribunal Administrativo del Tolima ordenó a las EPS 'pagar sus millonarias deudas' con los hospitales públicos y privados del departamento, tras acoger la acción popular presentada por la gobernación. La medida cautelar, emitida por el magistrado José Andrés Rojas, busca proteger el derecho a la salud y la prestación eficiente del servicio ante la deuda de más de $1 billón. En ese sentido, que las EPS deberían cumplir 'en dos meses' los compromisos de saneamiento financiero establecidos en la Circular 30 y pagar obligaciones pendientes de 2020 a 2024. Además, se instruyó al Ministerio de Salud, Hacienda, Adres y Supersalud 'convocar una mesa nacional definir pagos de al menos el 20% de la deuda total'. La secretaria de Salud de Tolima habría considerado la decisión como un 'paso clave' para evitar el colapso de la red hospitalaria y asegurar la continuidad del servicio. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Alerta Tolima • Ondas de Ibagué • El Irreverente
