El Ministerio de Ambiente revisa actualmente la concesión de agua otorgada a Coca-Cola en el municipio de La Calera, Cundinamarca, luego de más de cuarenta años de explotación del recurso por parte de la multinacional. La ministra encargada, Irene Vélez, ordenó una evaluación técnica y jurídica del trámite de prórroga solicitado por la empresa, en lo que pretendería priorizar el consumo humano y 'garantizar la transparencia' del proceso. La decisión fue anunciada hace pocos días, tras una creciente preocupación ciudadana por el impacto ambiental y social del uso industrial del agua en la zona. Vélez mencionó que la renovación automática de la concesión no sería viable sin un 'estudio riguroso' que considere el historial del permiso, pero también 'los efectos del cambio climático y la participación ciudadana'. “Después de cuatro décadas de explotación, no puede haber una prórroga sin un análisis técnico profundo ni sin escuchar a la ciudadanía”, indicó. Además, convocó una mesa técnica y una sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la CAR (Corporación Autónoma Regional) para examinar el estado actual del trámite y determinar si corresponde abrir un nuevo proceso de concesión.
Según el Decreto 1076 de 2015, las concesiones de agua solo podrían prorrogarse durante el último año de su vigencia y deberían dar 'prioridad' al derecho humano al agua sobre cualquier uso industrial. Vélez refirió que esta revisión pretendería 'sentar un precedente' en la gestión de los recursos naturales, basada en la evidencia técnica y en la equidad ambiental. El Ministerio también pidió verificar si existen procesos sancionatorios pendientes o inconsistencias en el uso de los manantiales de la vereda Santa Elena. La comunidad de La Calera ha manifestado preocupación por problemas en el suministro de agua y una falta de claridad sobre el manejo del recurso. Habitantes aseguran que deberían suspender el servicio durante horas cada día, lo que habría intensificado las demandas de rendición de cuentas. El Ministerio ha mencionado que todas las decisiones serían públicas y se adoptarían 'bajo criterios de sostenibilidad, legalidad y participación', con prioridad en el bienestar de comunidades 'sobre los intereses industriales'. Las denuncias también ahondan en un presunto cubrimiento con cemento de varios manantiales, según reveló hace unas semanas la congresista María del Mar Pizarro (Pacto Histórico). A propósito de esto último, en un pronunciamiento reciente, Coca-Cola negó haber afectado los manantiales y aseguró que las estructuras de mampostería instaladas cumplirían con las normas y que pretenderían 'proteger' las fuentes hídricas. Coca-Cola sostuvo que su captación representa 'solo el 0,31%' de las concesiones en La Calera, que no interferiría con el suministro de agua para la población ni con el de Bogotá, y que sus operaciones se realizarían 'bajo control de las autoridades competentes'. Además, mencionó una política de sostenibilidad que tendría 'con proyectos de reforestación y restauración de cuencas en más de 1.500 hectáreas'. No obstante, antecedentes de la CAR indicarían inconsistencias en los reportes de consumo y un uso previo sin licencia ambiental.
La controversia no es nueva. En enero, Revista Semana reportó que Coca-Cola habría pagado solo $33 millones en diez años por extraer "millones de litros de agua' de los nacederos de Santa Elena, también a pesar que la concesión habría vencido en diciembre de 2024. Según se habría mostrado entonces, los puntos de captación estarían dentro de una reserva forestal protectora, y se refirió además que la empresa embotella el agua bajo su marca Manantial, vendiéndola a precios 'muy superiores' a los costos que paga por su extracción. En abril de 2024, el medio Vorágine había documentado irregularidades similares, mencionando 'bajos costos' del agua captada por la compañía y una presunta falta de control de la CAR. Posteriormente, el medio El País (España) retomó el tema, reportando que el Ministerio había detectado 'fallas graves' en la gestión de la Tasa de Uso de Agua (TUA): entre 2004 y 2023, solo la mitad de las corporaciones regionales reportaron cobros completos, y la fiabilidad (confianza, credibilidad...) de los datos de 2023 fue calificada en 0%. Con la revisión ordenada por el Ministerio, el caso Coca-Cola–La Calera se convertiría nuevamente en objeto de debate sobre la justicia ambiental y la gestión del agua en Colombia. La decisión final sobre la renovación de la concesión definiría el futuro de la explotación que lleva más de cuatro décadas, pero también marcaría un rumbo de la política pública frente al acceso empresarial a los bienes naturales del país. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Infobae • El País • Vorágine • Revista Semana • W Radio • El Colombiano
