Hoy, desde la cárcel La Picota en Bogotá, los cabecillas de estructuras criminales de Barranquilla, Jorge Eliécer Díaz alias Castor, de 'Los Costeños' y Digno José Palomino, líder de ‘Los Pepes’, anunciaron un acuerdo de tregua que se extendería hasta el 20 de enero de 2026. La medida, transmitida por RTVC y respaldada por funcionarios del gobierno, pretendería un cese temporal de la violencia en la capital del Atlántico y su área metropolitana, con la promesa de 'reparar a las víctimas' y brindar 'alternativas de vida' a niños y jóvenes en barrios vulnerables. En el documento leído por Díaz, ambos líderes se habrían comprometido a suspender las actividades, desvincular las fiestas de “picós” del control territorial y convocar a otras organizaciones a sumarse al proceso. Sin embargo, la tregua no contemplaría desarme ni entrega de bienes, ni mecanismos considerados claros de seguimiento, lo que dejaría en duda su efectividad.
Expertos advierten que existirían 'riesgos significativos'. Luis Fernando Trejos, investigador de conflictos armados, señaló que los cabecillas utilizarían “alter egos” criminales, como el Bloque de Resistencia Caribe y La Mano Negra, que permitirían negociar con un nombre mientras continúan delinquiendo con otro. Esto podría traducirse en una reducción temporal de homicidios, pero no necesariamente de delitos como extorsión, microtráfico o apropiación de bienes. Otro riesgo sería una posible incursión de actores externos como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que podrían 'aprovechar la tregua'. para expandir su influencia en Barranquilla. Además, los mandos medios o socios de Palomino y Díaz Collazos podrían no acatar el acuerdo.
Según reportó Zonacero, la negociación se habría realizado sin la presencia de la alcaldía ni la gobernación, lo que habría llevado a interpretarla como una 'estrategia de paz electoral' del gobierno, enfocada en reducir homicidios de cara a los comicios de 2026. La falta de un marco jurídico que respalde el acuerdo generaría incertidumbre sobre su continuidad y plantea que el cumplimiento dependa de resultados políticos futuros. La tregua enfrentaría también desafíos prácticos: no se ha definido cómo se controlaría a los mandos intermedios, ni existiría claridad sobre los mecanismos de verificación o sanción frente a incumplimientos. Tampoco habría registros de la identidad de testaferros, miembros de instituciones públicos implicados o redes de apoyo interno, elementos que serían necesarios para evitar que las estructuras operen en la clandestinidad mientras la tregua parece avanzar. Expertos advierten que, sin estas garantías, la medida podría reducir homicidios temporalmente, pero mantener otros delitos en niveles altos o incluso provocar nuevas modalidades criminales para sostener la economía ilegal de estos grupos. El reporte está en desarrollo.
Vía: El Heraldo • RTVC • Zonacero
