Un juez penal especializado de Medellín condenó a José Miguel Narváez, exsubdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a 28 años de prisión por ser determinador del secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz, ocurrido el 21 de mayo de 1999. La sentencia, fundamentada en pruebas y argumentos de la Fiscalía, también le impone una multa de 3.499 salarios mínimos mensuales y una inhabilitación de 20 años para ejercer cargos públicos. El tribunal declaró además que el caso constituye un 'delito de lesa humanidad', lo que elevaría la gravedad de los hechos. Durante la investigación, la Fiscalía estableció que Narváez habría visitado al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil y le habría propuesto 'retener y asesinar' a Córdoba, bajo la sospecha de que 'mantenía vínculos con el ELN'. Para sustentar su petición, le habría entregado información clasificada del DAS, un hecho que habría resultado clave en la configuración del delito. El secuestro se habría concretado cuando miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) interceptaron a Córdoba en el barrio El Poblado, de Medellín, mientras acudía a una cita médica. Permaneció en cautiverio 14 días, hasta el 4 de junio de 1999, cuando fue liberada tras presiones políticas y humanitarias.
Narváez ya tenía antecedentes judiciales por violaciones graves a los derechos humanos. En 2018 fue condenado por su participación en el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, sentencia que fue ratificada en 2021 con una pena definitiva de 26 años de prisión. La justicia determinó que Narváez 'persuadió' a Castaño de que Garzón era una amenaza por supuestos nexos con la guerrilla, acusaciones que se demostraron falsas. Su influencia como docente en la Escuela Superior de Guerra y su cercanía con sectores de extrema derecha habrían facilitado su rol como 'instigador intelectual'. En otro proceso, el 24 de agosto de 2024, el Juzgado Décimo Penal Especializado de Bogotá lo condenó a 12 años y 5 meses de prisión por tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque, quien fue víctima de una 'campaña sistemática de hostigamiento' del DAS tras investigar el asesinato de Garzón. Exagentes de la entidad declararon que Narváez habría ordenado 'seguimientos y recopilación de información personal' sobre Duque y su hija menor, hechos que configuraron un 'crimen de lesa humanidad'.
En un desarrollo judicial paralelo, el Juzgado Tercero Penal de Medellín compulsó copias a la Fiscalía para que investigue a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez por los asesinatos de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza. Según el fallo, el exparamilitar Francisco Villalba Hernández declaró que ambos habrían asistido a una reunión en 1997 en la finca La Marranera, junto a Castaño, Salvatore Mancuso y oficiales del Ejército, donde se habría discutido “callar” a líderes sociales como Valle, Umaña y Jaime Garzón. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, que para la época era gobernador de Antioquia, reaccionó calificando la decisión como una “compulsa miserable” y catalogó el testimonio de Villalba como “fantasioso”, diciendo que la reunión “jamás existió”. Por su parte, la Fiscalía deberá determinar si existen nuevos elementos probatorios que justifiquen abrir una investigación formal. La decisión judicial no implicaría aún una acusación, pero reabre un capítulo judicial complejo que conecta a figuras del DAS, del paramilitarismo y de la política nacional en crímenes de alto impacto. El fallo se suma al contexto judicial en el que Uribe ya enfrenta una condena de 12 años (en estudio de apelación) por soborno a testigos y fraude procesal, convirtiéndose en el primer expresidente colombiano con una sentencia penal. Ambos procesos referidos en el reporte compartirían un trasfondo común: la alianza entre estructuras del Estado, el DAS y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el marco de una llamada “guerra sucia” de los años noventa. Figuras como Carlos Castaño, Jaime Garzón, Jesús María Valle y Piedad Córdoba aparecerían como ejes recurrentes en los expedientes, lo que reforzaría la hipótesis de un mismo entramado político y paramilitar que vinculó a altos funcionarios. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Espectador • La Silla Vacía • Infobae
