El Presidente Gustavo Petro confirmó el inicio oficial de conversaciones con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), antes reconocido como Clan del Golfo, con Catar actuando como país mediador. El anuncio, publicado en su cuenta en X, marcaría una apertura formal de un nuevo espacio de negociación dentro de la política de Paz Total del Gobierno Nacional y ampliaría el mapa de paz para incluir tanto a guerrillas como a organizaciones armadas 'de carácter criminal'. En septiembre, el gobierno reconoció al antiguo Clan del Golfo como Grupo Armado Organizado (GAO) mediante la Resolución 294 de 2025, que adopta la denominación que la organización reclamaba. Esa decisión institucional abrió un espacio sociojurídico de conversación al reconocer que el EGC tiene una 'estructura de mando clara, control territorial y capacidad militar sostenida', elementos que además lo ubican bajo el amparo del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Desde entonces Doha, Catar, se habría convertido en el punto de encuentro entre delegados del gobierno y representantes del EGC. Las reuniones exploratorias, lideradas por el jefe negociador Álvaro Jiménez, pretenderían construir una hoja de ruta 'hacia el desarme, la desmovilización y una eventual reincorporación civil', con el reto de convertir a una estructura criminal 'en interlocutor político y jurídico'. En paralelo al anuncio sobre el EGC, Petro invitó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a retomar negociaciones suspendidas en enero tras la crisis humanitaria en el Catatumbo. El presidente lanzó esa invitación con el mensaje: “Pruebe la paz de Colombia. No se necesita destruir una ciudad entera y matar 70.000 personas para hacer un intercambio humanitario”, aludiendo al genocidio en Gaza.
Días antes, el dirigente Pablo Beltrán había dicho públicamente que el grupo estaría dispuesto a volver a la mesa “pero con condiciones: ‘Para que Colombia cambie, cambiamos todos’”. Sin embargo, en las últimas horas un ataque con dron atribuido al ELN dejó dos menores heridos en el sur de Bolívar, un hecho que se suma a enfrentamientos recientes en zonas como Puerto Jordán (Arauca). El anuncio de las conversaciones y la invitación al ELN reabrirían el debate sobre la viabilidad y los riesgos de negociar con organizaciones que combinan estructuras militares y actividad criminal. Mientras el Ejecutivo pretendería traducir el reconocimiento jurídico del EGC en avances concretos hacia la paz, comunidades afectadas y la agenda de seguridad continuarían pendientes de si las mesas producirían una reducción real de la violencia en regiones consideradas clave del país. El reporte está en desarrollo.
Vía: Revista Cambio
