En un acuerdo considerado en medio del proceso de paz colombiano, el Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano firmaron lo que sería la entrega y destrucción de 14 toneladas de material de guerra en los departamentos de Nariño y Putumayo. Esta organización, compuesta por estructuras disidentes de la Segunda Marquetalia, entregaría un inventario detallado de explosivos, municiones y artefactos improvisados, bajo la supervisión de observadores militares y policiales, así como de la Consejería Comisionada de Paz. El proceso se desarrollaría en cinco fases, que incluirían activación operativa, entrega, verificación, custodia, destrucción técnica y evaluación final. En este marco, la Coordinadora Nacional se comprometió a cesar acciones ofensivas y garantizar que sus representantes, con órdenes de captura suspendidas, participen 'desarmados y sin distintivos militares'. Asimismo, debería dar libre acceso al equipo técnico y de la Fuerza Pública a las zonas designadas para la destrucción del material.
Por su parte, el gobierno habría asumido el compromiso de proteger y garantizar los derechos de los miembros involucrados en este proceso, además de suspender temporalmente las operaciones ofensivas en las zonas específicas. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP-OEA) acompañaría el procedimiento de verificación del material de guerra, sin intervenir directamente en su manipulación o destrucción. Se encargaría de elaborar un informe reservado para la mesa de negociación y mencionaría este proceso en su informe semestral. Se espera que alias Araña, delegado de la Coordinadora actualmente detenido en La Picota y en riesgo de extradición, participe de manera simbólica en el evento protocolario, que podría contar también con la presencia del Presidente Gustavo Petro.
Este anuncio se da en medio de cuestionamientos internacionales, particularmente de parte de la delegación de Estados Unidos ante la ONU, que cuestionó el enfoque del gobierno colombiano de negociar simultáneamente con múltiples grupos armados. La consejera estadounidense Ting Wu calificó la estrategia como 'desorganizada' y 'promotora de incentivos para aumentar la violencia'. Ante esto, Petro reaccionó que tales críticas estarían "fuera de lugar" y que la política de 'Paz Total' no estaría sujeta al escrutinio (crítica, juicio...) del Consejo de Seguridad de la ONU, al argumentar que no formaría parte del acuerdo firmado con las Farc en 2016. Petro también mencionó que, mientras el gobierno habría incautado más de 2.300 toneladas de cocaína, EEUU no habría contribuido 'de manera significativa' al cumplimiento del acuerdo de paz con las Farc. También, que Colombia habría sido 'más un colaborador' para EEUU en la lucha contra el narco 'que un receptor de apoyo real'. Este cruce de tensas declaraciones ocurre en un contexto en el que se pretende avanzar con una política de paz total considerada ambiciosa, a pesar de tensiones diplomáticas y desafíos en la implementación territorial de los acuerdos. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Caracol Radio • DW • EFE
