Un juez federal en New Hampshire bloqueó temporalmente la orden ejecutiva del Presidente Donald Trump que pretendía eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, medida que debía entrar en vigor el 27 de julio de 2025. El magistrado Joseph Laplante argumentó que la decisión de Trump 'representa un cambio abrupto' en una política de larga data, y que podría causar 'daños irreparables'. Aunque el fallo tiene alcance nacional, se dio una pausa de siete días para que el gobierno pueda apelar. El caso fue presentado como una demanda colectiva por la Unión de Libertades Civiles (ACLU), en defensa de derechos de niños afectados. La demanda estaba encabezada por una ciudadana hondureña embarazada, quien solicitaba protección para 'todos los niños' cuyos derechos a la ciudadanía podrían verse vulnerados por la orden. El juez aceptó la solicitud solo en lo que respecta a los menores, excluyendo a los padres inmigrantes. La decisión ocurre tras fallos previos de tribunales estatales y de la Corte Suprema, y se considera de alto impacto legal y político, ya que toca directamente la 14ª enmienda constitucional, 'que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense'.
En otras noticias, Trump anunció que desde el 1 de agosto impondrá un arancel del 50% al cobre, argumentando motivos de “seguridad nacional” por su uso en tecnología militar e infraestructura. Esto provocó un alza del 10% en su precio. También advirtió un arancel del 200% a productos farmacéuticos si sus fabricantes no producen en EEUU. Además, impuso un arancel del 50% a importaciones de Brasil, como represalia por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusando al Supremo brasileño de presuntamente 'actuar ilegalmente' y denunciando desequilibrios comerciales. El Gobierno de Brasil respondió catalogando la carta de “ofensiva y falsa”, convocó al embajador estadounidense y advirtió con contramedidas, postura respaldada por el Presidente Lula da Silva. EEUU inició una investigación por 'prácticas desleales'. Todo sucede tras la cumbre de los Brics donde Lula criticó a Washington y pidió 'reducir la dependencia del dólar'. En las últimas horas, Lula dijo que estaría abierto a negociar, pero que si no hay acuerdo aplicaría la “ley de reciprocidad” y cobraría el mismo porcentaje a las importaciones estadounidenses. La norma autorizaría al gobierno brasileño a suspender concesiones comerciales y derechos de propiedad intelectual. Lula también mencionó la posibilidad de acudir a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y crear un comité para repensar la política comercial con EEUU, al referir que este intercambio 'representaría solo el 1,7% del PIB' brasileño. Recientemente, Trump también advirtió a Canadá con un arancel del 35%, condicionado a cooperación comercial o antidrogas. Estas medidas amplían su política arancelaria iniciada en abril, que fijó un mínimo del 10% a todas las importaciones.
En otras cosas, el Gobierno de Venezuela informó que 203 migrantes venezolanos fueron deportados desde Estados Unidos y llegaron ayer al Aeropuerto de Maiquetía. Esta acción se enmarca en el acuerdo de deportación firmado entre los gobiernos, a pesar de una falta de relaciones diplomáticas desde 2019. Las autoridades venezolanas señalaron que es el vuelo número 41 desde enero y parte del programa "Misión Vuelta a la Patria", que buscaría facilitar el regreso de migrantes. Los deportados recibieron atención médica y fueron sometidos a protocolos de seguridad. Sin embargo, el ministro Diosdado Cabello denunció que en este grupo presuntamente tres mamás fueron separadas de sus hijos antes de su deportación, acusando al gobierno de Trump de promover el “robo” de niños. Cabello también dijo que el presidente salvadoreño Nayib Bukele mantendría 'secuestrados' a más de 250 venezolanos en El Salvador, y exigió su liberación. Venezuela entregó una carta al nuncio apostólico pidiendo la mediación del Papa León XIV. En más de migración, El Gobierno de EEUU canceló hace unos días el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 76.000 hondureños y nicaragüenses, quienes deberían abandonar el país o regularizar su situación antes del 6 de septiembre de 2025. Este programa fue implementado tras el huracán Mitch en 1998, permitiendo a miles de personas vivir y trabajar en EEUU. Expertos y defensores de derechos humanos han advertido que la cancelación ignoraría las condiciones actuales de Honduras y Nicaragua, 'marcadas por violencia, pobreza y represión política', especialmente en este último. EEUU argumentó la decisión por la misma línea que el caso de Haití, refiriendo que las condiciones habrían mejorado en sus países. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: DW • EFE • Reuters • AFP • Infobae • El País • The Washington Post • Noticias Telemundo • El Espectador
