Desde 2022, el software de escrutinio electoral en Colombia sería propiedad del Estado, según el registrador nacional Hernán Penagos dijo en la Comisión de Seguimiento Electoral convocada por el Gobierno Nacional. Explicó que habría sido adquirido en 2021 a una empresa española (Indra) y utilizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones legislativas y presidenciales de 2022. También, que los partidos políticos podrían auditar el sistema accediendo al código fuente del software. El ministro del Interior, Armando Benedetti, insistió en que aún no se habrían cumplido completamente unos correctivos estructurales ordenados por el Consejo de Estado, como que el software de escrutinio sea de propiedad estatal. Esa sentencia surgió por inconsistencias que habrían afectado al partido Mira en 2014. Penagos respondió que la sentencia ya se habría cumplido en 2022, cuando la Registraduría compró el software de escrutinio a Indra y lo entregó al CNE para su uso en las elecciones. Esto sucede luego de las recientes declaraciones del Presidente Gustavo Petro, quien ha sugerido que el sistema necesitaría controles adicionales.
A propósito de esto, 13 partidos políticos, entre ellos el Liberal, Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical y La U, anunciaron que no participarían de la comisión, argumentando que no habría condiciones de confianza ni seguridad. Agregaron que las declaraciones del presidente Petro, en las que además cuestionó la legitimidad del sistema electoral, 'restarían garantías a las elecciones de 2026'. En su carta, solicitaron 'respeto' a la Constitución, garantías de seguridad para electores y candidatos, y acompañamiento de observación internacional. Petro también ha hecho críticas reiteradas hacia Thomas Greg & Sons, la empresa contratada para prestar el servicio logístico electoral en Unión Temporal, a la que Petro ha acusado de presuntamente controlar toda la base de datos de los colombianos. Paralelamente, ha generado controversia una ley aprobada por el Congreso que restringe la publicación de encuestas sobre intención de voto presidencial hasta el 31 de octubre. Esta ley, liderada por las congresistas Angélica Lozano (Alianza Verde), Paloma Valencia (Centro Democrático) y Clara López (Pacto Histórico), impediría divulgar encuestas en un periodo considerado clave previo al inicio oficial de las campañas. El artículo central establece que solo se podrían publicar encuestas de intención de voto tres meses antes del primer día de inscripción de candidaturas, aunque sí se permitirían las mediciones sobre imagen o reconocimiento.
La Misión de Observación Electoral (MOE), dirigida por Alejandra Barrios, rechazó la anterior medida, argumentando que vulneraría el derecho a la información y distorsionaría la deliberación democrática. Barrios indicó que las encuestas serían esenciales para partidos, precandidatos, pero que también para ciudadanos, al afirmar que estos necesitarían herramientas para evaluar sus opciones políticas. Añadió que impedir su publicación 'entorpece' el debate público, cuando muchos actores estarían decidiendo alianzas o lanzamientos. Las principales empresas encuestadoras también manifestaron rechazo. César Caballero, de Cifras y Conceptos, y Pablo Lemoine, del Centro Nacional de Consultoría (CNC), argumentaron 'desconcierto por no haber sido consultados'. Lemoine indicó que estarían estudiando posibles acciones frente a lo que considera una ley que alteraría las reglas del juego electoral y que afectaría el trabajo técnico y la viabilidad financiera de las encuestadoras. Consideraron también que la decisión debilitaría la 'transparencia política'. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • La FM de RCN • Noticias Caracol • El Tiempo
