El caso de las carcasas de lanzacohetes halladas en Bogotá generó controversia política y judicial en Colombia, y recientemente se conocieron nuevas versiones relevantes. La Procuraduría investiga a los coroneles Eduward Steve Vargas y Fredy José Muñoz por un presunto ocultamiento de información sobre estos artefactos, ya reportado hace semanas. Mientras que en un inicio se informó que serían tubos sin capacidad operativa, documentos posteriores de la Policía habrían sugerido que al menos uno de los dispositivos parecía funcional; según reportó Noticias Uno. Lo anterior volvió a traer a colación además posibilidades de atentado.
El Presidente Gustavo Petro escaló el caso al señalar entonces que estas carcasas presuntamente estarían relacionadas con un intento de atentado en su contra. Según él, la omisión de información supuestamente habría sido intencional y habría recibido alertas sobre la amenaza por parte de la embajada de Estados Unidos. Sin embargo, esta versión fue cuestionada por autoridades locales, quienes inicialmente minimizaron el hallazgo, en medio de la incertidumbre sobre la veracidad de las distintas versiones oficiales. En medio de todo, recientemente se conocieron declaraciones del general (r) Humberto Guatibonza, jefe de protección de Petro, quien refirió más detalles sobre los presuntos intentos de atentado contra el mandatario. Mencionó que desde 2022 se habrían documentado 34 amenazas, cinco de ellas en investigación formal por la Fiscalía, incluyendo una advertencia de un posible atentado con un misil tierra-aire contra el avión presidencial, que llevó a modificar la ruta aérea en un vuelo reciente (caso reportado por medios, y no oculto).
Guatibonza señaló como potenciales responsables a grupos armados ilegales que habrían rechazado la propuesta de paz del Gobierno Nacional, y advirtió sobre presuntas amenazas adicionales como francotiradores, drones o “lobos solitarios”. Si bien sus declaraciones reforzaron las palabras de Petro en torno a esto, también representarían la escalada en la polarización institucional frente a la gestión de información sobre estos riesgos, además de las tensiones entre el Ejecutivo y otras entidades del Estado. Mientras tanto, la investigación disciplinaria de la Procuraduría continúa. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Noticias Uno • Infobae • RTVC • W Radio • Caracol Radio • El Tiempo • El Colombiano • La Silla Vacía • Blu Radio • El País (Cali)
