La Corte Constitucional le dio al Gobierno Nacional un plazo de 20 días para evaluar la capacidad de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y presentar un plan de reestructuración o transformación 'que le permita cumplir con sus funciones de manera efectiva'. La Sala Especial de Seguimiento al Acuerdo de Paz señaló que la entidad, actualmente dirigida por Gloria Cuartas, 'carece de jerarquía y facultades suficientes para garantizar la implementación integral del pacto de 2016', y pidió que el Ejecutivo entregue un informe sobre la efectividad de la unidad el 30 de septiembre y el plan final el 7 de octubre. El documento auto de la Corte insta al gobierno a modificar la estructura institucional de la Unidad de Implementación 'para que cuente con el nivel administrativo y la jerarquía necesarios para interactuar permanentemente con los ministros y liderar la política de paz como una verdadera política de Estado'. Entre las exigencias, se incluyen 'establecer metas claras y verificables en el Plan Marco de Implementación, definir agendas efectivas para la Comisión Csivi y el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, y fortalecer la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz'.
Desde 2022, la Alta Consejería para la Estabilización fue transformada en la Unidad de Implementación, con menor rango jerárquico y capacidad de decisión reducida, según reportan medios, lo que habría generado problemas para articular los distintos componentes del Acuerdo. La Misión de Verificación de la ONU y el Instituto Kroc han recomendado al Gobierno Nacional reconsiderar esta decisión y dotar a la entidad de 'mayores facultades', al referirse que su debilitamiento afectaría la coherencia de la política de paz y el sistema de garantías de seguridad, especialmente para los excombatientes Farc. El seguimiento judicial evidenciaría un cumplimiento bajo de las órdenes previas, ya que las acciones implementadas habrían sido más formales que materiales, sin garantizar 'resultados efectivos' en la protección de los firmantes del Acuerdo. En ese contexto, el Congreso recientemente aplazó el debate sobre la implementación del Acuerdo al argumentarse 'cifras incompletas y respuestas evasivas' de entidades como la Unidad de Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
A propósito, paralelamente se reportaba que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrentaría retos financieros para ejecutar las primeras sentencias conocidas en los últimos días, que incluyen 12 exmilitares y siete excombatientes Farc ya condenados por ejecuciones extrajudiciales y secuestro. Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, solicitó a los ministerios de Interior, Hacienda y Justicia 'los $121 mil millones' que serían necesarios para garantizar que las sanciones restaurativas se cumplan y que las víctimas reciban 'justicia' durante los ocho años de condena, lo que evidenciaría la interdependencia entre la estructura institucional y los recursos para implementar el Acuerdo de Paz. Retomando, la orden judicial no se limita a la Unidad de Implementación. También incluyó directrices para el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida (SIAR), la Defensoría del Pueblo y la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), con plazos de entre 15 y 40 días para presentar 'estrategias y planes concretos'. Este conjunto de medidas representaría una urgencia para que la implementación del Acuerdo de Paz trascienda del trámite formal y se convierta en un 'mecanismo robusto, articulado' y con 'poder real' de decisión. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • El Espectador
