Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del Presidente Gustavo Petro, enfrentará un juicio disciplinario por presunto enriquecimiento ilícito e incremento injustificado de su patrimonio. La Procuraduría General de la Nación informó que, siendo diputado del Atlántico, sus gastos habrían superado 'ampliamente' sus ingresos oficiales, lo que habría generado sospechas sobre el origen de los recursos. Según las investigaciones, habría recibido dinero irregular 'destinado tanto a cubrir gastos personales como a la adquisición de bienes'. El organismo disciplinario estima que el incremento patrimonial ascendería a más de $1.189 millones, cifra que no se correspondería con los ingresos que el exdiputado declaró por su labor, calculados en alrededor de $219,9 millones durante 2022. Entre los bienes bajo sospecha se encuentra una vivienda adquirida en ese periodo, además de movimientos financieros que no tendrían respaldo en sus actividades económicas declaradas.
Uno de los testimonios considerados clave sería el de Gabriel Hilsaca, hijo del empresario Alfonso “El Turco” Hilsaca, quien dijo haber entregado $400 millones a Nicolás Petro entre abril y mayo de 2022. Petro Burgos habría admitido haber recibido estos fondos, que supuestamente irían destinados a la campaña presidencial de su padre, pero que en parte se habrían utilizado 'con fines personales'. La Procuraduría señala además que parte del dinero también habría beneficiado a su expareja, Day Vásquez. Las pruebas recaudadas incluirían declaraciones de testigos, registros de transacciones financieras y documentos notariales. Según el ente disciplinario, Nicolás Petro y personas cercanas habrían 'intentado ocultar la titularidad de algunos bienes a través de terceros', como César Emilio Vásquez, 'con el propósito de encubrir adquisiciones hechas con recursos no declarados'.
Este proceso disciplinario se suma a otros en curso, entre ellos uno penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía lo detuvo en 2023 en Barranquilla y lo acusa de haber canalizado parte de los recursos de origen ilícito hacia la campaña presidencial de Gustavo Petro, mientras se quedaba con otra porción. El exdiputado insiste en que su papá desconocería esas transacciones, aunque el caso ha salpicado directamente al Gobierno Nacional. El presidente Petro, por su parte, ha cuestionado la imparcialidad de la fiscal que adelanta el caso, acusándola de 'actuar con un sesgo político a favor de la oposición'. A la par, la Corte Suprema y el Consejo Nacional Electoral investigan si el Pacto Histórico superó los topes de financiación de la campaña de 2022 y manipuló sus cuentas para ocultarlo. Petro sostiene que estas acciones judiciales pretenderían debilitarlo y que presuntamente se trataría de un intento de “Golpe de Estado” en su contra. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: DW • AFP • El Espectador • El Colombiano
