Las autoridades de Guatemala detuvieron hoy a 23 policías penitenciarios por su presunta participación en la fuga de hace unos días de una veintena de los presuntos cabecillas de la pandilla Barrio 18, quienes se encontraban recluidos en la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II. Este último hecho generó amplia controversia. Según informó la Fiscalía, los capturados estarían acusados de 'cooperación para la evasión' y de presunto 'incumplimiento de deberes', tras una investigación que habría reportado irregularidades en el control del penal. El Ministerio Público, junto con la Policía Nacional Civil, habría realizado una serie de diligencias y allanamientos en dos zonas de Ciudad de Guatemala como parte del operativo denominado “Corrupción en el Sistema Penitenciario”. Los agentes detenidos pertenecían a la escuadra “A” y trabajarían bajo su custodia a 256 reclusos de la pandilla Barrio 18, entre los cuales figuraban varios líderes del grupo criminal.
Las detenciones se suman a la previamente ejecutada contra Víctor Arnoldo Alveño, exsubdirector del Grupo B de Fraijanes II. Además, la Fiscalía ordenó la captura de Ludin Astolfo Godínez, exdirector del Sistema Penitenciario, y de Eladio Antonio Ramos, exalcaide del mismo penal, ambos señalados de presunto incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión. Las autoridades también emitieron una orden de detención contra Claudia Palencia Morales, exviceministra de Antinarcóticos, por los delitos de 'usurpación de funciones y colaboración en la fuga'. Con estas acciones, se dijo que el Ministerio Público pretendería esclarecer una posible red de complicidades que habría permitido la huida de los reclusos.
De acuerdo con la investigación, la fuga de los 20 cabecillas habría ocurrido entre el 8 y el 11 de octubre, aunque el Sistema Penitenciario solo la habría reportado oficialmente el día 12. Hasta el momento, cuatro de los fugitivos habían sido recapturados, mientras las fuerzas de seguridad continuaban con los operativos de búsqueda en distintos puntos del país. La gravedad del caso habría generado amplia preocupación en Guatemala, especialmente después de que el Congreso declarara a las pandillas como “organizaciones terroristas”. La medida buscaría un endurecimiento de las penas y reforzar un control estatal sobre estos grupos, cuyo poder dentro y fuera de las cárceles seguiría siendo un desafío para las autoridades. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: DW • AFP • EFE
