Un comunicado de habitantes de la vereda Pueblo Viejo, en Mocoa (Putumayo) mencionó ayer que desde hace más de 20 días mantienen una manifestación para impedir el ingreso de maquinaria, trabajadores y funcionarios vinculados a la empresa minera de origen canadiense Libero Cobre. La zona hace parte del área de influencia de cuatro títulos mineros otorgados desde 2018, donde la multinacional ha realizado estudios. "Las intervenciones proyectadas no solo amenazan con contaminar las fuentes hídricas que abastecen a cientos de familias, sino que también, fracturan el tejido social y desconocen el profundo vínculo espiritual y cultural que las comunidades tienen con su entorno", dice su comunicado.
De acuerdo con Thyana Alvarez, gerente de Libero Cobre, “han llegada actores políticos y activistas que exigen la salida definitiva de la empresa del territorio”. Desde abril de 2022, Corpoamazonía, autoridad ambiental en el territorio, emitió un auto en el que estableció una medida preventiva contra Libero Cobre para impedir que realizara actividades de minería por estar prohibidas por el Concejo Municipal y tener suspendidos los títulos mineros. Libero Cobre, por su parte, manifiesta que esa determinación carecería actualmente de fundamento, pues el Consejo de Estado anuló el acuerdo del Concejo, y la Agencia Nacional de Minería (ANM) levantó la suspensión de los títulos. También, que en esta etapa de estudios (exploración), ya se habría radicado todos los documentos exigidos por la ley. El año pasado, Corpoamazonía emitió un concepto técnico según el cual dada la importancia biológica de la zona donde la minera, eventualmente, haría su proyecto, no se debería hacer ninguna actividad de extracción de minerales, bajo el principio de precaución. Actualmente esa entidad aún está revisando si mantiene o no la medida.
En el trasfondo está la discusión sobre la conveniencia y el costo-beneficio de extraer cobre en la Amazonía, en un lugar donde también se conecta esta región con Los Andes, de lo cual depende el suministro de agua de ciudades como Bogotá. Según Andrés Cancimance, representante a la Cámara por Putumayo (Pacto Histórico), no existiría una denuncia formal por desacato del auto emitido por Corpoamazonía, pero la comunidad busca crearla para que el caso avance en Fiscalía. Este vacío legal permitiría, según él, que la empresa mantenga operaciones. Cancimance, además, solicitó en 2024 que Mocoa se declare como Zona de Reserva Temporal Ambiental, de la misma forma como se hizo con el caso de Santurbán. Esta solicitud sigue en trámite y esperan que la nueva ministra de Ambiente continúe con el proceso. Las operaciones mineras continúan siendo foco de complejos debates.
Vía: La Silla Vacía
