Eduardo Montealegre, exfiscal general de la Nación, jurista con formación en derecho penal y constitucional en Alemania, será nombrado como nuevo ministro de Justicia en el Gobierno Nacional. Sin embargo, el anuncio ha generado controversia. Hace dos semanas calificó de “bancarrota ética” al gobierno por la elección de un magistrado cercano al Presidente Gustavo Petro. También, su llegada no estuvo planeada inicialmente. El presidente habría buscado una mujer para mantener paridad de género en el gabinete, pero además otro nombre sonaba: el del ministro encargado, Augusto Ocampo. Sin embargo, Montealegre habría ganado foco político como asesor jurídico del llamado “decretazo” con el que Petro impulsa la Consulta Popular.
A pesar de que oficialmente se presenta como asesor “ad honorem” (sin retribución económica y por prestigio...), Montealegre ha sostenido una relación contractual cercana con el gobierno. Ha firmado contratos por más de $1.700 millones, principalmente con RTVC, el sistema de medios públicos, y con la aseguradora estatal Positiva. Uno de ellos es por $40 millones para representar judicialmente al gerente del sistema de medios Hollman Morris en una denuncia contra la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático), y otro de $19 millones por una denuncia de presunto hackeo a la cuenta de Morris, que al final se conoció como producto de un descuido del funcionario. Además, tiene convenios de asesoría jurídica y rediseño institucional por cientos de millones de pesos, lo que medios han reportado como contrario a la idea de que su participación en el gobierno sería solo por compromiso cívico y convicción.
Montealegre ha sido figura influyente y polémico en la vida judicial y política del país. Como magistrado de la Corte Constitucional y fiscal general, participó en decisiones que afectaron directamente al expresidente Álvaro Uribe, con quien más tarde tuvo enfrentamientos legales. Actualmente es “presunta víctima” en el juicio que enfrenta Uribe por fraude procesal y soborno a testigos, lo que ha generado polémica por su participación en el proceso, incluyendo una declaración que habría violado la presunción de inocencia del acusado, según la jueza del caso. Su cercanía con figuras como el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) y sus recientes declaraciones sobre presunta manipulación de testigos por parte de la defensa de Uribe lo mantienen en el foco mediático y judicial. El reporte está en desarrollo.
Vía: El Colombiano
