Víctor Mosquera, abogado de Miguel Uribe Turbay, presentó una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el Presidente Gustavo Petro al referirse un presunto discurso “estigmatizante y de odio” hacia el senador de oposición y precandidato presidencial, víctima de un atentado el 7 de junio por el que mantiene una condición grave y que, según un nuevo boletín publicado hoy por la Fundación Santa Fe de Bogotá, fue sometido a una traqueostomía y gastrostomía, lo que marca su ingreso a una "fase subaguda" tras una leve mejora de su estado crítico. Según Mosquera, el presidente habría incentivado un 'ambiente hostil' que habría podido influir en el atentado. Como evidencia, agregó que habría al menos 43 trinos del presidente con mensajes contra Uribe Turbay.
Tras el atentado contra el senador, diferentes sectores le solicitaron bajar el tono, y en general otros movimientos han llamado al país a desescalar tensiones y disputas por esta línea. El presidente Petro firmó un compromiso para “desarmar la palabra” en el que participaron figuras del Gobierno Nacional, la Iglesia Católica, los presidentes del Congreso, las cabezas de las altas cortes y representantes de organismos de control. Sin embargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha refutado esta teoría y descartado cualquier vínculo entre el discurso de Petro y el que se ha considerado como un 'clima de odio'. Benedetti dijo hoy que “el presidente siempre ha respetado la oposición”, y agregó que el atentado contra el precandidato presidencial presuntamente podría estar pensado 'para desestabilizar al gobierno'. A propósito del gobierno, este anunció el despliegue de 1.000 hombres y 500 vehículos que serían para proteger a 41 precandidatos presidenciales tras el atentado contra Uribe Turbay; anunció Benedetti. Sería con recursos por aproximadamente $400 mil millones que ya estarían asegurados. La familia del precandidato también había denunciado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) por no reforzar su seguridad a pesar de múltiples solicitudes. La ONU, la Unión Europea, la OEA, la Iglesia Católica y representantes de 21 países firmaron un compromiso que pretendería respaldar un proceso electoral 'libre, seguro y pacífico' en Colombia de cara a las elecciones de 2026. El acuerdo, impulsado por la Defensoría del Pueblo, incluye nueve compromisos. Los firmantes hicieron un llamado a asumir las promesas con 'responsabilidad democrática'.
Sobre lo más reciente del atentado, la Policía Nacional ofreció una recompensa de hasta $300 millones por información que lleve a ubicar a Elder José Arteaga, alias Chipi o “El Costeño”, quien sería uno de los determinadores en el ataque. La Policía también considera la hipótesis de que la red criminal que habría ejecutaso el hecho tendría conexiones con Caquetá y Huila, un área de influencia de disidencias Farc. Alias El Costeño, el principal sospechoso de haber coordinado el atentado, tiene inscrito su registro de nacimiento en Valparaíso, Caquetá, según El Tiempo. Y el chofer capturado, Carlos Mora, también tendría antecedentes de porte ilegal de armas en Caquetá. Hoy también la fiscal general, Luz Adriana Camargo, entregó nuevas declaraciones sobre la investigación. Según explicó, las fotografías encontradas en el celular del adolescente capturado, tanto suyas como del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no habrían sido descargadas de manera deliberada. Se trataría de imágenes en caché, archivos temporales que no necesariamente habrían sido almacenados por el usuario de forma consciente. Aunque no se ha confirmado que el atentado tuviera fines políticos, tampoco existe hasta el momento una hipótesis distinta. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Noticias RCN • La Silla Vacía • El Tiempo • W Radio
