El abogado del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Granados, anunció que apelaría el fallo condenatorio contra él el 11 de agosto, ante el Tribunal Superior de Bogotá. Mientras tanto, la defensa guardaría “silencio prudente” hasta conocer el contenido completo de la sentencia, que se publicará este viernes, 1 de agosto. La defensa ha insistido en que la presunción de inocencia se mantendría y que el proceso debería concluir antes del 15 de octubre. Si no se emite una decisión de segunda instancia en ese plazo, el caso prescribiría, es decir, se extinguiría la acción penal por vencimiento de términos, y ya no podría haber una condena ni continuar el juicio, dejando sin efecto cualquier decisión anterior. Sectores de la derecha han calificado la condena como presunta 'persecución política'. La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) dijo que se trataría de una “jugada política” y María Fernanda Cabal (Centro Democrático) habló de un “fallo de la infamia”, acusando a la jueza de 'parcialidad'. Exministros del gobierno del expresidente Iván Duque también expresaron apoyo a Uribe, y figuras internacionales como la senadora estadounidense María Elvira Salazar (Republicana) dijeron que se trataría de un libreto del “castrochavismo”. Según fuentes del partido reportadas por La Silla Vacía, el Centro Democrático se alistaría para una estrategia en redes que refuerce una narrativa de 'persecución'.
A propósito de reacciones en EEUU, ayer el secretario de Estado de ese país, el máximo cargo diplomático, dijo en X previo al desenlace de la lectura del fallo de primera instancia: “El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”, cuestionando el proceso judicial. Rubio tiene una relación tensa con el Gobierno Nacional. En junio, el Presidente Gustavo Petro lo acusó de presuntamente estar “organizando un Golpe de Estado contra mí”. Esto lo llevó a retractarse en una carta pública y a enviar al embajador García-Peña a Washington. “Quiero reiterar (…) que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el Gobierno de Estados Unidos no tienen ninguna participación en un Golpe de Estado ni en ningún intento de desestabilización”, dijo en una rueda de prensa. Tras el fallo en contra de Uribe, el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico), acreditado como víctima en el caso, no descartó una futura candidatura presidencial dentro del Pacto, aunque dijo que aún lo estaría considerando, en parte refiriendo razones de salud. Su eventual aspiración fue respaldada por figuras de izquierda, incluidos el presidente Petro y la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico), quienes llamaron a 'defender la independencia judicial' frente a críticas como la de Rubio.
Petro calificó los señalamientos como una 'intromisión inaceptable'. También, negó persecución política por parte del gobierno. Mientras tanto, la Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció refuerzos para la seguridad de la jueza Sandra Heredia, y los abogados de Cepeda y otros involucrados celebraron una 'rigurosidad' del fallo. Para la defensa de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave, la decisión habría sido 'objetiva' y que 'valida la coherencia' del exparamilitar. Aunque se trata de un fallo que podría prescribir, ya genera efectos políticos amplios. Sobre lo último, Petro propuso que Álvaro Uribe se acoja a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 'para contar la verdad' sobre el origen del paramilitarismo en Antioquia, específicamente sobre el bloque Metro, argumentando que eso 'podría ayudar' a cerrar 'el ciclo de violencia en Colombia'. En reacción, y en su primer pronunciamiento público tras ser condenado, Uribe rechazó la sugerencia, acusando a Petro de 'no tener honor' y exigiéndole 'esclarecer varios señalamientos' antes de hacer ese tipo de propuestas. Y se conoció que la Comisión de Género de la Rama Judicial respaldó a la jueza Sandra Heredia, quien ha sido ampliamente criticada tras el fallo. La Comisión dijo que rechazaría los hechos, solicitó 'garantías' para su labor y argumentó defender 'la independencia' de la justicia. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • TeleSUR • Revista Cambio
