A menos de 24 horas de conocerse el fallo en el juicio por presunta manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe, el primero en la historia del país, se reactivó una confrontación política entre él y el Presidente Gustavo Petro. El mandatario escribió en su cuenta de X que su gobierno garantizaría la protección de los jueces, “cualquiera que sea el sentido de sus fallos”. Uribe respondió acusándolo de 'incoherente', diciendo que en el pasado se habría pronunciado sobre decisiones judiciales relacionadas con su familia, y cuestionó su defensa de la independencia judicial. Petro dijo que no habría intervenido públicamente en el caso de Uribe 'por respeto al proceso y a la justicia', pero advirtió sobre presuntas presiones al poder judicial.
La tensión se da en un contexto electoral anticipado, donde la decisión judicial se percibe con alto potencial de impacto político, y en medio de una escalada de la polarización entre sectores del oficialismo y la oposición, lo que habría 'calentado' el ambiente rumbo a las elecciones de 2026. Paralelamente, una publicación de Revista Semana sobre la jueza Sandra Heredia, encargada de decidir el caso, habría aumentado la controversia. El artículo incluye datos personales y conjeturas sobre su supuesta 'inclinación ideológica', lo que generó en varias reacciones. El presidente Petro lo calificó como una 'forma de presión ilegítima' sobre la justicia. Figuras afines como Hollman Morris (gerente de RTVC, sistema de medios públicos) denunciaron una supuesta campaña de intimidación mediática. Por otro lado, la periodista y precandidata Vicky Dávila defendió la nota, argumentando que los jueces 'no deben ser anónimos'.
La controversia también movilizó a periodistas que señalaron 'falta de rigor' y una posible 'vulneración' de la seguridad de la jueza. Diana Salinas, Laura Ardila y José Guarnizo criticaron un uso de 'fuentes débiles' y la 'intención' del artículo, sugiriendo que se trataría más de 'un acto de presión'. Sobre Sandra Heredia, es una jueza tolimense con trayectoria ascendente en la justicia, aunque poco reseñada en el foco mediático. Asumió el caso Uribe en abril de 2024 y avanzó con rapidez durante cinco meses de juicio. Su decisión, que podría llevar a Uribe a prisión por hasta 12 años o absolverlo, representaría un precedente en la historia judicial y política de Colombia. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Espectador • La Silla Vacía • Revista Semana • SWI • EFE
