Un reciente informe de la Contraloría General de la República reportó irregularidades en dos contratos del Acueducto Complementario de Ibagué, valorados en más de $44 mil millones. El concejal Andrés Zambrano (Alianza Verde) denunció que estos contratos presentarían un detrimento patrimonial superior a $8.271 millones. Según él, este proyecto representaría más una 'falacia' que una 'solución real' al problema de abastecimiento de agua en la ciudad, especialmente en las comunas 7, 8 y 9.
El informe, de 290 páginas, documenta aparentes sobrecostos, obras pagadas que nunca se habrían ejecutado, presuntas fallas en la construcción, tratamiento deficiente del agua, tercerización (contrato de tercero) ilegal y un uso indebido de recursos. La planta de Boquerón habría sido uno de los puntos más afectados, donde habrían hallazgos por más de $5 mil millones. Problemas en la estructura, como fallas en el sistema de cloración y en los tanques de recepción de agua cruda estarían presentes en la operatividad del sistema, y afectarían la calidad del servicio. Según la Contraloría, algunos componentes esenciales del acueducto también mostrarían un deterioro prematuro, lo que sería contrario a unas especificaciones técnicas que garantizarían una vida útil de al menos 25 años. También, una falta de obras previstas y la entrada de más agua de la que el sistema podría tratar habrían llevado a un desgaste anticipado en bombas, válvulas y motores. Además, se documentó un desembolso de $864 millones por la instalación de estructuras de entibado, pero que la cantidad realmente instalada habría sido mucho menor.
La Contraloría concluyó que hubo negligencia en la supervisión y la interventoría, lo que habría permitido un pago de obras no ejecutadas o hechas de manera inadecuada. Ante estos hallazgos, la entidad anunció que solicitará la apertura de una indagación preliminar para determinar responsabilidades fiscales, disciplinarias y administrativas. Esta investigación se dirigiría a responsables de la ejecución, supervisión y vigilancia de los contratos de entre 2022 y 2024. Mientras tanto, el Ibal tendría la oportunidad de responder a las observaciones del ente de control antes de que se emita un informe definitivo que esclarezca posibles consecuencias legales de estos. El reporte está en desarrollo.
Vía: Caracol Radio • El Cronista
