Los hermanos Jaime y Francisco Angulo Osorio, ganaderos condenados por su participación en el paramilitarismo en Ituango y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, habrían admitido ante la JEP haber financiado las matanzas de La Granja (1996) y El Aro (1997-1998). Sus testimonios señalan presuntos vínculos de altos funcionarios de la Gobernación de Antioquia en la época del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con paramilitares, y detallan la supuesta colaboración logística y financiera para la entrada y permanencia de las Convivir (cooperativas de seguridad creadas en los 90s bajo el marco legal del Estado 'para proteger a las comunidades rurales de la violencia' en la región) como fachada legal para coordinarse con el Ejército. Según los Angulo, su apoyo habría incluído transporte, alojamiento, provisión de víveres y medicinas, además de información estratégica para las operaciones de paramilitares y Ejército. Señalaron como intermediario clave a Pedro Juan Moreno, secretario del gobierno en Antioquia, y destacaron la coordinación con la Cuarta Brigada del Ejército 'para establecer zonas de bombardeo', lo que habría permitido que se cometieran las masacres de manera sistemática.
El homicidio de Jesús María Valle habría sido parte de un patrón de represalias. Valle había denunciado una presunta omisión de Uribe y Moreno frente a la incursión paramilitar en Ituango, y su asesinato en Medellín se habría decidido en reuniones que habrían involucrado a los hermanos Angulo y otros actores locales. Los Angulo pidieron perdón por su participación, pero que su intención no habría sido 'asesinar directamente', atribuyendo gran parte de las decisiones a líderes paramilitares como Carlos Castaño. Según reportó Revista Cambio, la creación y aprobación exprés de las Convivir en 1997 representaría una connivencia (confabulación, complicidad...) institucional. La Cuarta Brigada del Ejército habría dado su aval solo un día después de su creación y nueve días más tarde la Gobernación de Antioquia también habría aprobado la estructura legal, facilitando su funcionamiento y legitimando la colaboración entre paramilitares y autoridades. Esto habría reforzado el control territorial en Ituango y permitido 'la impunidad' de las acciones violentas.
Históricamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la responsabilidad del Estado colombiano en las matanzas de La Granja y El Aro, así como en el asesinato de Valle, por una coordinación entre la gobernación, el Ejército y los paramilitares. La sentencia refirió un 'patrón sistemático' de desplazamientos, torturas y asesinatos que habrían sido 'para eliminar' líderes sociales y opositores políticos, señalando a altos mandos militares y funcionarios de la gobernación de Uribe. Actualmente, la Fiscalía mantiene abierta una indagación contra Álvaro Uribe por su presunta participación en estos hechos, declarados de lesa humanidad por la Corte Suprema. La JEP y otros procesos judiciales buscarían reconstruir la historia completa de Ituango, contrastando testimonios como los de los Angulo y Salvatore Mancuso, quien fue uno de los máximos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con otros elementos probatorios, mientras las víctimas y expertos han cuestionado la veracidad y los vacíos en las confesiones de los hermanos Angulo, al decir que podrían 'intentar' reducir penas 'sin revelar' toda la cadena de mando. El reporte está en desarrollo.
Vía: Revista Cambio • La Silla Vacía
