El Gobierno de Argentina enfrenta un escándalo de corrupción vinculado a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde se investiga una presunta red de sobornos y contratos irregulares para la compra de medicamentos. La trama salió a la luz tras la filtración de supuestos audios del exdirector de la entidad, Diego Spagnuolo, quien habría mencionado a altos funcionarios del gobierno, incluida Karina Milei, hermana del Presidente Javier Milei, y secretaria general de la Presidencia. Las denuncias señalan que se pretendería beneficiar a la droguería Suizo Argentino SA mediante adjudicaciones 'sin licitación pública'. Los fondos comprometidos estarían destinados a programas para 1.5 millones de personas con discapacidad, pero se dijo que habrían sido desviados mediante contratos fraudulentos.
Según Spagnuolo, Karina Milei presuntamente recibía alrededor de 800 mil dólares mensuales, suma que compartiría con Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y figura clave en La Libertad Avanza (coalición de gobierno). En este marco, ambos, junto con el presidente Milei, fueron denunciados penalmente. También se reportó que la empresa beneficiada habría pasado de contratos por 3 millones en 2024 a más de 83 millones en 2025, un salto que no guardaría relación con la inflación. La justicia argentina, encabezada por el juez federal Sebastián Casanello, ha ordenado bloquear las cajas de seguridad de los funcionarios y empresarios implicados y prohibirles salir del país. La investigación se centra en tres aspectos: la veracidad de los audios filtrados, la existencia de pagos ilegales y la confirmación de maniobras ilícitas.
El escándalo no se limitaría a la Andis, sino que abarcaría a otras áreas del gobierno. El Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, supuestamente habría adjudicado compras por más de seis millones de dólares a la misma droguería, mientras que el Ministerio de Defensa, liderado por Luis Petri, también figuraría en la lista por adquisiciones destinadas al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), en lo que ampliaría la red de irregularidades en el gobierno. Frente a esto, la oposición impulsó un proyecto que pretendería crear una comisión investigadora, mientras Milei ha calificado las denuncias como una “operación” preelectoral y que sus adversarios estarían molestos porque “les estamos afanando los choreos”. El caso contrasta con el discurso anticorrupción del presidente y el gobierno, ya cuestionados por un escándalo anterior relacionado con la criptomoneda $LIBRA. El reporte está en desarrollo.
Vía: TeleSUR
