El caso central giraría alrededor de un convenio entre Ecopetrol y la Uiaf, mediante el cual la petrolera habría ordenado revisar movimientos financieros de directivos, sindicalistas, proveedores y exfuncionarios; entre ellos Rafael Guzmán y Luis Enrique Rojas, exdirectivos; el actual ministro de Minas, Edwin Palma; así como tres miembros de la junta: Luis Alberto Zuleta, Juan José Echavarría y Saúl Kattan. Varios de ellos, incluidos Palma y Kattan, anunciaron que exigirían 'explicaciones' sobre por qué fueron incluidos. La investigación también se enfocaría en que los rastreos supuestamente alcanzaron a familiares de algunos directivos. A propósito, el medio citado habría accedido a un informe que ordenaba revisar empresas relacionadas con los primos de Saúl Kattan, verificar saldos bancarios de su papá y confirmar una posible homonimia (que dos personas distintas tienen el mismo nombre) de uno de sus hijos. Otro caso sería el de Mauricio Cabrera, exmiembro de la junta, cuyo rastreo habría sido solicitado desde la vicepresidencia de cumplimiento en 2024, después de haber salido de la compañía. La solicitud habría estado firmada cuando esa dependencia estaba en manos de Alberto Vergara, quien habría salido de Ecopetrol tras la polémica por un contrato que creció de $875 mil a 5,8 millones de dólares.
El periodista Daniel Coronell dijo que Ecopetrol podría estar utilizando el convenio con la Uiaf para detectar irregularidades, pero también para “espiar” a sindicalistas, exdirectivos o miembros de juntas anteriores, como en el caso Cabrera, a quien se habría pedido rastrear por un artículo periodístico en el que aparecía un familiar mencionado en una investigación criminal. Coronell también dijo que tanto Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, como Vergara, habrían participado en mesas de trabajo con la Uiaf, lo que la Procuraduría ahora querría esclarecer. Mientras tanto, Ecopetrol sostiene que todo se habría hecho 'dentro del marco legal' y que el convenio formaría parte del Plan Nacional de Inteligencia. Sin embargo, la empresa aún no habría explicado cuáles habrían sido los criterios para seleccionar a más de 100 personas, incluidos familiares, ni con qué fin específico se habrían ordenado los chequeos o rastreos financieros. En ese sentido, la investigación disciplinaria buscaría determinar si la estatal Ecopetrol utilizó herramientas de inteligencia 'para fines no autorizados' o incluso para ejercer 'control indebido' sobre figuras internas y externas. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • El Tiempo
