La Cámara de Representantes aprobó de manera unánime, con 107 votos a favor y ninguno en contra, una reforma estructural a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 que redefiniría el modelo de financiación de las universidades públicas en Colombia. La iniciativa modificaría la fórmula con la que se actualiza anualmente el presupuesto universitario, que hasta ahora dependía del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y establece que el incremento se calcule a partir del Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), elaborado por el Dane, un indicador que reflejaría 'de forma más precisa' los gastos reales de funcionamiento académico y administrativo de las instituciones. El proyecto ya habría sido avalado por el Senado y ahora debería surtir el proceso de conciliación entre ambas cámaras antes de pasar a sanción presidencial para convertirse en ley. La reforma respondería a una reclamación histórica de estudiantes, rectores y trabajadores del sistema público de educación superior, que durante años advirtieron que el esquema vigente no cubriría el crecimiento real de los costos universitarios.
La inconformidad habría derivado incluso en los paros universitarios de 2018 y 2019, que pusieron en el centro del debate el déficit estructural del sector y una necesidad de actualizar una fórmula de financiación que se mantenía casi intacta desde 1992. Según el Sistema Universitario Estatal (SUE), los costos de las universidades públicas crecerían en promedio entre 5 y 5,2 puntos porcentuales por encima de la inflación cada año. En 2024, mientras el IPC cerró en 5,2%, el Ices registró variaciones significativamente más altas: 18,32% en el primer semestre de 2024 y 9,58% en el segundo, lo que evidenciaría un desfase entre los recursos asignados y los gastos reales. Según se dijo, Este desbalance habría generado un 'déficit acumulado' estimado en $17 billones, de los cuales cerca de $3,5 billones corresponderían exclusivamente a gastos de funcionamiento, especialmente asociados a la vinculación de docentes y personal administrativo. Actualmente, la Nación y las entidades territoriales financiarían el 55,25% del presupuesto de las universidades públicas, mientras que el 44,75% restante debería ser generado por las propias instituciones a través de la venta de servicios, consultorías y otros ingresos propios, una situación que, según rectores, limitaría 'la calidad, la cobertura y la estabilidad financiera' del sistema.
De acuerdo con el trámite legislativo, el nuevo esquema comenzaría a aplicarse a partir del Presupuesto General de la Nación de 2027 y haría parte de una ruta de financiación progresiva que tendría un impacto fiscal estimado de $18,7 billones entre 2027 y 2040. Con esta, se pretendería elevar el gasto en educación superior pública hasta el 1% del Producto Interno Bruto (PIB), considerado un umbral de referencia internacional 'para garantizar sistemas universitarios sólidos y de calidad'. Los promotores del proyecto han señalado que la reforma no contemplaría la creación de nuevos tributos y que los recursos provendrían del Marco Fiscal de Mediano Plazo, con aumentos atados al desempeño de la economía. Aunque la votación fue unánime, durante el debate algunos sectores expresaron reparos sobre la sostenibilidad fiscal de la reforma. El representante Óscar Darío Pérez (Centro Democrático) dijo que el aval del Ministerio de Hacienda sería 'ambiguo' y que no se habrían medido 'con suficiente precisión' los efectos fiscales del nuevo cálculo. Estas preocupaciones se dan en medio de una crisis financiera que afecta a universidades como la Nacional y la de Antioquia, situación que también ha sido alertada por la Contraloría General, que advierte sobre pasivos (deuda...) pensionales millonarios. El reporte está en desarrollo.
Vía: El Tiempo • Revista Cambio
