La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a cinco exmiembros de la fuerza pública, entre ellos a los generales retirados Iván Ramírez Quintero y Rito Alejo del Río Rojas, por su responsabilidad en la 'campaña violenta' contra la Unión Patriótica (UP), que la Sala de Reconocimiento calificó como un 'genocidio político'. La decisión forma parte de avances históricos en el Caso 06, centrado en el exterminio de militantes de la UP, y simultáneamente se anunciaron determinaciones relevantes en el Caso 04 sobre la situación territorial en Urabá. La JEP estableció un universo de 8.929 víctimas vinculadas al 'ataque sistemático' contra la UP; de ese total, más de 5.700 personas habrían sido asesinadas o desaparecidas 'de manera forzada'. El tribunal documentó además 1.959 víctimas de desplazamiento forzado, 42 casos de exilio y el asesinato de dirigentes de alto perfil: dos candidatos presidenciales, seis parlamentarios, 17 alcaldes y 165 concejales, lo que habría evidenciado 'sistematicidad' de la campaña dirigida contra el partido.
Como máximos responsables, la Sala imputó el delito de genocidio (aplicando el artículo 101 del Código Penal), así como crímenes de guerra y de lesa humanidad (entre ellos 'homicidio, exterminio, deportación, traslado forzoso y otros actos inhumanos') al mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, al brigadier general (r) Rito Alejo del Río Rojas y a los tenientes coroneles (r) Jorge Luis Mejía, Eduardo León Figueroa y Manuel José Pérez. La JEP concluyó que esos oficiales 'concibieron e implementaron' una política 'contrainsurgente' cuyo propósito, en la práctica, fue 'destruir' al partido político. El tribunal apoyó su decisión en pruebas acumuladas en 22 audiencias públicas y en archivos hallados en dependencias militares (entre ellas documentos de la antigua Brigada XX de inteligencia, la Brigada 17 y la Primera División del Ejército) donde aparecerían reportes que equiparaban a la UP con las Farc-EP y seguimientos a dirigentes. Según se reportó, en esos archivos se habría identificado un listado con 2.624 militantes etiquetados como “UP-Farc”, de los cuales 163 habrían terminado 'asesinados, desaparecidos, exiliados o víctimas de atentados'.
La investigación también habría encontrado que, además de 'estigmatización', la UP fue 'segregada' (separada...) y sus miembros quedaron 'abandonados e indefensos' frente a una negativa del Estado y otros actores a garantizar su protección. Paralelamente, en el Caso 04 la Sala de Reconocimiento imputó por primera vez de manera conjunta a exintegrantes de las Farc-EP, a miembros de la fuerza pública y a terceros civiles por crímenes en Urabá, donde se habrían identificado 'patrones macrocriminales': eliminación de civiles, vaciamiento del territorio 'para facilitar' el despojo de tierras y control sociocultural y territorial mediante un 'amedrentamiento' de comunidades. La JEP documentó 'homicidios, masacres, desapariciones forzadas, despojo, daño ambiental, desplazamiento, tortura, violencia sexual y empleo de métodos prohibidos', además de señalar la responsabilidad de exdirectivos del Fondo Ganadero de Córdoba por 'facilitar' la compra masiva de tierras a precios bajos ('ínfimos') como parte del despojo. Ahora los imputados de la fuerza pública deberán decidir si reconocen su responsabilidad ante la JEP; en procesos previos los generales Ramírez y Del Río no han aceptado cargos. De no haber reconocimiento, los casos seguirían a juicio adversarial, en el que los señalados podrían enfrentar condenas que, según el marco aplicado, llegan hasta décadas de prisión. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Revista Cambio • La Silla Vacía
