Las autoridades nigerianas habrían liberado a 100 escolares secuestrados en noviembre en Papiri, en el estado de Níger, uno de los mayores secuestros masivos registrados en el país. Aunque la información fue confirmada por medios locales y una fuente de Naciones Unidas, aún se desconocería el paradero de los otros 165 menores que seguirían cautivos. El secuestro ocurrió el 21 de noviembre, cuando 303 estudiantes y 12 empleados habrían sido raptados del internado mixto St. Mary’s; unos 50 escaparon poco después, dejando 265 en manos de los atacantes. Hasta ahora no se ha aclarado si la liberación de los 100 menores se había dado mediante negociaciones o por una operación de fuerza. Habrían sido trasladados a Abuya, la capital de Nigeria, donde reciben atención médica, y se espera que sean entregados a las autoridades del estado de Níger. Sunday Dare, portavoz presidencial, también confirmó el rescate, aunque no brindó detalles sobre el procedimiento.
Desde la diócesis de Kontagora, administradora de la escuela atacada, manifestaron 'alivio', aunque señalaron que no habrían recibido notificación oficial por parte del gobierno federal. Daniel Atori, portavoz del obispo Bulus Yohanna, dijo que las familias habrían estado 'rezando y esperando noticias', pero refirió lamentar una 'falta de comunicación formal'. La Asociación Cristiana de Nigeria tampoco tenía confirmación directa. El ataque habría seguido un patrón común en la región: hombres armados en motocicletas habrían ingresado a los dormitorios alrededor de las 2AM (tiempo local) y permanecido más de tres horas antes de llevarse a los estudiantes hacia bosques cercanos. Según se dijo, este tipo de secuestros para pedir rescate se habría vuelto una 'práctica extendida' entre grupos criminales y bandas que operarían especialmente en el noroeste del país.
La ola de secuestros registrada en noviembre habría vuelto a poner de manifiesto una compleja crisis de seguridad que viviría Nigeria. El país enfrenta simultáneamente una insurgencia yihadista en el noreste y la actividad de grupos armados que 'saquean aldeas, extorsionan y raptan personas' como 'forma de financiación'. La situación habría generado especial presión sobre el gobierno, que recientemente declaró una “emergencia de seguridad nacional”. Mientras continuaban las operaciones para ubicar a los menores restantes, organizaciones religiosas, familias y autoridades locales insistieron en que la respuesta del Estado debería ser 'más clara y efectiva'. Los casos de secuestros masivos se habrían multiplicado en los últimos años, lo que afectaría 'de manera grave' a comunidades vulnerables. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: DW • Reuters • AFP
