La oposición venezolana volvió al foco público cuando se reportaba al final de la semana que la opositora María Corina Machado, quien permanece en la clandestinidad, habría confirmado nuevamente que viajaría a Oslo (Noruega) para recibir el Premio Nobel de la Paz, según informó el Instituto Nobel, que evitó divulgar detalles refiriendo 'razones de seguridad'. Su participación en la ceremonia, que se haría el 10 de diciembre, ha generado incertidumbre, y el fiscal general venezolano advirtió que sería considerada “fugitiva” si salía del país. Machado, premiada en octubre 'por su lucha' por la 'transición democrática' en Venezuela, fue inhabilitada para competir en las presidenciales de 2024, cuyos resultados a favor de Nicolás Maduro no fueron reconocidos por buena parte de la comunidad internacional. Esto se da en medio de las presiones estadounidenses en Venezuela, cuyo gobierno acusa de intervencionismo y de violar la soberanía.
No obstante, las noticias sobre la oposición volvieron a generar especial controversia horas después, cuando se conoció que el exgobernador venezolano Alfredo Díaz, dirigente opositor y preso político desde noviembre de 2024, murió ayer en la cárcel del Helicoide, centro señalado por organizaciones de derechos humanos como 'el mayor recinto de torturas' del país. Su fallecimiento, aunque atribuido oficialmente a un infarto y así referido por parte de la oposición, generó rechazo y habría renovado denuncias sobre las condiciones en que permanecerían detenidos políticos en Venezuela. EEUU, en medio de su creciente despliegue militar en el Caribe, catalogó de “vil” al gobierno venezolano y exigió 'esclarecer' lo ocurrido. La muerte de Díaz se habría dado tras más de un año de 'incomunicación', según su familia, que dijo que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) habrían llevado a una de sus hijas al Helicoide para informarle sobre la emergencia médica. Grupos opositores señalaron que un 'deterioro físico' habría sido 'consecuencia directa' de las 'restricciones impuestas' en prisión y que el caso se sumaría a un patrón de 'abusos' en centros controlados por los servicios de inteligencia venezolanos. Figuras como Machado y Edmundo González han referido que su integridad sería 'responsabilidad del Estado'.
Diego Armando Casanova, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, dijo a NTN24 que existirían cerca de 80 presos políticos en 'condiciones de salud críticas' dentro de recintos como el Helicoide. Además, que varios presentarían 'enfermedades graves' (incluido cáncer, problemas cardíacos, diabetes y otras patologías) presuntamente 'sin recibir atención médica adecuada ni acceso a medicamentos'. También, que llamados para permitir el ingreso de la Cruz Roja Internacional habrían sido 'ignorados' por las autoridades. También, que el Comité habría solicitado 'de manera reiterada' evaluaciones médicas independientes para los presos políticos, pero que el gobierno se habría limitado a emitir comunicados diciendo que respetarían los derechos humanos. Precisamente, el Gobierno de Venezuela sostuvo que en el caso de Díaz se habría garantizado 'la atención correspondiente' y que 'no hubo irregularidades' en su custodia, versión que la oposición y organizaciones civiles consideraron 'insuficiente'. Díaz, exgobernador de Nueva Esparta y figura relevante del movimiento Acción Democrática, había sido detenido tras criticar el proceso electoral de julio de 2024 y denunciar una 'crisis energética' en su estado. Su muerte se convertiría en la séptima de un preso político venezolano desde esas elecciones. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Noticias Telemundo • NTN24 • DW • AFP • EFE
