La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo hoy que permite la reanudación de las deportaciones de migrantes en situación irregular a países de los que no son originarios, mientras el caso se sigue litigando en un tribunal de apelaciones. En una sentencia sin firma, el máximo tribunal dio así la razón al Departamento de Justicia, que solicitaba levantar una suspensión judicial, aunque no explicó la decisión y las tres juezas liberales no estuvieron de acuerdo. En abril, el juez de distrito Brian Murphy ordenó la suspensión de las deportaciones a terceros países al considerar que los migrantes deberían poder impugnar sus casos. En mayo estimó que la expulsión de un grupo de migrantes, incluidos dos cubanos y un mexicano, a Sudán del Sur violaba este derecho a la impugnación.
Para ser deportados a un tercer país los migrantes tenían que haber sido avisados y contar con un plazo "mínimo de diez días" para apelar como dicta la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, dijo entonces Murphy. Si el Departamento de Seguridad Interior (DHS) considera que el miedo a ser torturados o maltratados es infundado (sin fundamento...), debe concederles de todos modos al menos 15 días para que puedan solicitar una revisión, agregó. Los migrantes estaban siendo trasladados a Sudán del Sur, un país empobrecido y devastado por la guerra, cuando se emitió la orden de Murphy y desde entonces han permanecido retenidos en una base militar estadounidense en Yibuti, un país africano que limita con Eritrea, Somalia y Etiopía. Esto generó controversia. El caso será examinado por un tribunal de apelaciones, pero la decisión de la Corte Suprema permite que las expulsiones sigan adelante por ahora.
La subsecretaria de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin dijo que tras la decisión del Supremo el gobierno "ahora puede ejercer su autoridad legal” y expulsar a los inmigrantes indocumentados a un país dispuesto a aceptarlos. "¡Que se pongan en marcha los aviones de deportación!", puntualizó la funcionaria, tras aplaudir la decisión. La jueza progresista de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, acusó al gobierno de "conducta flagrantemente ilegal" que "expone a miles de personas al riesgo de tortura o muerte". A propósito de deportaciones, la Corte Suprema de El Salvador rechazó una solicitud del fiscal venezolano Tarek William Saab para defender a los 252 venezolanos deportados desde EEUU y detenidos en el penal de máxima seguridad Cecot, acusados de presuntamente integrar la banda Tren de Aragua. La Corte dio tres días a los abogados contratados por Venezuela para aclarar su recurso de habeas corpus. Saab catalogó la decisión como 'maniobra dilatoria' y denunció 'falta de cooperación' salvadoreña. Familiares de los presos habrían intentado verlos sin éxito, mientras organismos como Amnistía y Human Rights Watch (HRW) denunciaron violaciones a derechos humanos. EEUU habría ofrecido seis millones de dólares a El Salvador por mantenerlos presos. El reporte está en desarrollo.
Vía: DW • AFP • EFE • AP
