El abogado Víctor Mosquera, defensor del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presuntas injerencias del Gobierno Nacional en la investigación del atentado contra el congresista. Dijo que supuestamente desde el Ejecutivo se habría divulgado información 'sin corroborar' y que se habrían hecho señalamientos 'sin pruebas', considerando que se habría afectado la objetividad del proceso y habría derivado en 'estigmatización' contra la oposición. Mosquera argumentó que el gobierno habría realizado 'investigaciones paralelas' y que habría 'intentado desviar' la atención hacia organizaciones criminales 'sin base procesal sólida'. Durante su intervención, presentó tres informes que, según él, evidenciarían 'discursos de odio y campañas estigmatizantes' de altos funcionarios, contra Uribe y otros miembros del partido Centro Democrático.
Además, el abogado solicitó medidas cautelares 'urgentes' para Uribe Turbay y su familia, así como 'protecciones colectivas' para los integrantes de su partido de cara a las elecciones de 2026. Indicó que el atentado debería ser tratado como acto de 'terrorismo', al argumentar una supuesta intención de 'sembrar miedo y amedrentar a la oposición'. Tambiénz denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) habría ignorado 51 solicitudes de refuerzo en la seguridad de Uribe. Finalmente, informó que el Departamento de Estado de EEUU habría sido notificado sobre los hechos, y que se esperaría una respuesta de la CIDH en unos 15 días. Mosquera se reunió esta tarde con un comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington.
El 7 de junio Uribe Turbay fue víctima de un atentado en Bogotá, donde un menor de 14 años le disparó y fue capturado en el lugar. La Fiscalía atribuye el ataque a una red criminal liderada por alias El Costeño, ya capturado junto a otros cinco directa o indirectamente vinculados. A propósito de lo más reciente del caso, uno de ellos, un joven venezolano de 17 años, se habría entregado de manera voluntaria el 25 de julio para colaborar con la investigación, pero luego se reportó que habría salido del centro del Icbf, lo que generó controversia. El Icbf y el Presidente Gustavo Petro hab dicho que no habría habido 'fuga', como se reportó inicialmente, al decirse que el menor no estaría privado de la libertad, sino bajo una medida de protección por su condición migratoria. La investigación sigue en curso, y varios capturados negociarían beneficios judiciales a cambio de información considerada clave. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Colombiano • La Silla Vacía • Focus Noticias
