El conflicto por la recolección de residuos en Ibagué escaló tras unas recientes denuncias de Interaseo, la antigua operadora, contra Igniko, la nueva empresa en el servicio. Interaseo dijo que, a pesar de que desde el 1 de julio habría dejado de tener responsabilidad legal sobre ciertos usuarios, habría tenido que seguir prestando el servicio por orden judicial en cumplimiento de tutela, ya que Igniko no habría asumido 'adecuadamente' la recolección. Diego Vargas, gerente de Interaseo, explicó que la desvinculación habría sido tramitada por la misma empresa entrante, la cual debería garantizar el servicio desde esa fecha. Vargas agregó que Igniko presuntamente habría incumplido con esta operación, y que lo anterior habría llevado a usuarios a presentar tutelas.
Interaseo ya no tendría vínculo con estos usuarios, pero se dijo que habría acatado la decisión judicial 'para evitar afectaciones', pero que no podría seguir cubriendo 'una responsabilidad que ya no le compete'. Además, rechazó el argumento de Igniko de que solo podrían comenzar operaciones hasta el 2 de septiembre, considerando que esto sería una 'omisión grave' en la prestación del servicio. Por su parte, Miltón Restrepo, gerente de Ibagué Limpia, denunció que al menos nueve familias de la ciudad estarían sin servicio de recolección, en lo que calificó como un presunto incumplimiento de Igniko. Restrepo también manifestó preocupación por acumulación de residuos y un riesgo sanitario, y solicitó la intervención de entidades como la Superintendencia de Servicios Públicos. El caso ha generado inconformidad entre usuarios afectados. Las familias afectadas continuarían esperando una solución en medio de la incertidumbre.
Según reportes conocidos recientemente, Interaseo suspendió por una semana la recolección de basuras en el conjunto residencial Multifamiliares Alejandría en Ibagué, en lo que habría afectado a unas 50 familias. Aunque la empresa sigue siendo responsable legal del servicio, argumentó que los usuarios habrían pasado a Igniko, a pesar de que la desvinculación solo habría sido oficializada el 1 de julio y la ley exigiría seguir prestando el servicio por dos meses más. Esta omisión habría generado problemas de salubridad y llevó a la presentación de una tutela, en la cual un juez ordenó reanudar el servicio provisionalmente. Igniko denunció presunto sabotaje y pidió la intervención de las autoridades locales y nacionales para la garantía de una 'libre elección del prestador' y 'evitar una crisis sanitaria'. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Enfoque TeVe • Alerta Tolima • Caracol Radio
