El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió que Colombia podría cerrar el 2025 con 'las peores condiciones humanitarias de la última década'. El organismo señaló que durante el primer semestre del año, el impacto del conflicto armado sobre las comunidades habría superado lo registrado en el mismo periodo de 2024. Además, que se debería a un incremento de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, especialmente entre el ELN y disidencias Farc, y la fuerza pública, lo que habría dejado consecuencias 'directas y severas' para la población civil. Uno de los focos más graves sería Norte de Santander. Allí se han registrado más de 96 mil casos de desplazamiento (masivo e individual), así como más de 30 mil personas confinadas y 26 ataques contra misiones médicas.
Cauca, también altamente afectado, ocuparía el segundo lugar con 7.190 desplazamientos y habría sido el epicentro de las víctimas por minas y artefactos explosivos, concentrando el 55% de los 524 casos documentados entre enero y mayo, un aumento del 145% frente al mismo periodo del año anterior. La ofensiva del ELN en el Catatumbo habría condicionado la escalada de la crisis. Su operación contra las disidencias Farc habría generado un aumento de violencia que, según el CICR, sería la principal razón de un incremento del 117% en los desplazamientos a nivel nacional en comparación con 2024. Esta situación habría derivado en un uso creciente de minas y explosivos, que afectarían principalmente a civiles, incluidos 56 menores de edad. La Defensoría del Pueblo, por su parte, informó que en lo que va del año ya se habrían desplazado más de 134 mil personas, sumándose a las 250 mil del año anterior. Además de los combates y la violencia directa, la Cruz Roja advirtió sobre una creciente 'estigmatización' de comunidades, muchas veces señaladas de presuntamente colaborar con uno u otro grupo armado, lo que las volvería 'aún más vulnerables'.
Todo sucede a pesar de intentos del Gobierno Nacional que pretenderían alcanzar la llamada paz total. A propósito de todo, el gobierno radicó ante el Congreso un proyecto de ley que sería para regular el uso de drones y sistemas anti-drones en el país. La iniciativa designaría al Ministerio de Comunicaciones (TIC) como autoridad técnica 'para prevenir interferencias en el espectro radioeléctrico', además de proteger infraestructuras consideradas críticas. También, se pretendería establecer requisitos técnicos, operativos y de seguridad para el uso de drones, así como sanciones por su uso indebido. Según el Ministerio de Defensa, los ataques con drones habrían aumentado un 138% en 2025.
Vía: DW • EFE • Revista Semana • AFP • La Silla Vacía • Portafolio
