A la medianoche, el Gobierno Nacional expidió un decreto que pondría en marcha un nuevo modelo de salud basado en un enfoque “preventivo, predictivo y resolutivo”, mientras la reforma estructural (Reforma de Salud) sigue su curso en la Comisión Séptima del Senado. El decreto redefiniría el papel de las EPS, que dejarían de ser aseguradoras para convertirse en coordinadoras del sistema, mientras que el manejo de los recursos pasaría a la ADRES, que giraría directamente a hospitales y clínicas. Además, se crearían los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps) como puerta de entrada al sistema. Aunque el Presidente Gustavo Petro ha dicho que esta medida pretendería “salvar” a las EPS ante su crisis financiera, el momento y el contenido del decreto han generado controversia.
Desde el Ministerio de Salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo aclaró que el decreto no sustituiría la reforma 'ni modifica' el sistema actual, sino que buscaría fortalecer una atención primaria y reorganizar la red hospitalaria pública, 'sin afectar el debate legislativo en curso'. Agregó que la medida sería una acción 'complementaria y transitoria' para mejorar la prestación de servicios en el corto y mediano plazo. Sin embargo, algunos sectores consideraron que sí habría 'cambios sustanciales' en el modelo. La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, Ana María Vesga, anunció que el gremio de EPS demandaría el decreto por considerarlo 'inconstitucional', argumentando que la medida presuntamente 'desdibuja' funciones consideradas esenciales de las EPS, que no resolvería los problemas de los pacientes y que desfinanciaría aún más el sistema. La senadora Nadia Blel (Partido Conservador) y miembro de la Comisión Séptima, catalogó la decisión del gobierno como “incoherencia total” y dijo que se 'excede' la potestad reglamentaria al 'intentar modificar el sistema mediante decreto, mientras promueve una reforma en el Congreso'. Para estos sectores, el decreto 'irrespeta' al Legislativo y sería una 'contradicción' del Ejecutivo.
La tensión aumentó con la elección de Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, como presidente de la Comisión Séptima, en reemplazo del senador del Partido Comunes Omar de Jesús Restrepo, que debía asumir según pactos previos pero que al final no se sostuvo. Pinto fue uno de los congresistas que hundió la versión anterior de la reforma y, aunque el ministro del Interior Armando Benedetti reaccionó a su elección como una oportunidad para el consenso, la publicación del decreto pocas horas después representaría, según reportes de medios, una estrategia del Ejecutivo para avanzar por vías paralelas ante una aparente falta de ambiente favorable en el Senado. Recientemente se conoció que Pinto habría dicho que continuarían con el debate de la Reforma a la Salud a pesar del decreto del gobierno, al considerar que es 'ilegal' y que sería anulado por las cortes. Además, criticó una 'falta de participación' del Ejecutivo en el Congreso y cuestionó una ausencia de información sobre el costo de la reforma. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció también al sostener que el decreto no reemplazaría la reforma completa, que seguiría discutiéndose en el Congreso y que entraría en vigor en seis meses 'tras concertación con EPS y territorios'. El reporte está en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • Infobae
